Esposos venezolanos ponían a pedir limosna a sus siete hijos

 Le exigían a cada menor una cuota entre 25 y 30 mil pesos diarios

Esther Mariana González y Harrison José Ramírez.

Valledupar - Cesar.   La Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección, logró reunir los suficientes elementos materiales probatorios producto de tres años de labores de seguimientos, aportes de fuentes humanas y recolección de denuncias en contra de una pareja de esposos de nacionalidad venezolana, los cuales desde el año 2019 se encontraban explotando a sus siete hijos entre los seis y 15 años de edad.

Estos contundentes resultados se adelantaron en dos sectores de esta capital con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia, el  primero de ellos en la calle 16 del barrio Loperena, dónde es ubicada Esther Mariana González, de 35 años de edad.

Seguidamente en la vía pública del barrio El Carmen es interceptado Harrison José Ramírez, de 38 años, quienes son requeridos mediante orden de captura emanada por el Juzgado segundo penal Municipal con funciones de control de garantías en Valledupar, quienes deberán responder por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y explotación de menores de edad. 

Dentro de las labores de inteligencia adelantadas se pudo establecer que esta pareja aprovechaba su condición de madre y padre para instrumentalizar a sus hijos con el fin de lucrarse, ejerciendo sobre ellos maltratos verbales y psicológicos, además de exigir cuotas por un valor de 25 mil y 30 mil pesos diarios, se resalta en estas indagaciones las exigencias realizadas por los padres a sus hijos, así como el castigo al no cumplir con la cuota establecida debido a las consecuencias que iniciaban desde el maltrata físicos con objetos contundentes y el dormir de pie.

En este momento cuatro menores se encuentran bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dos están bajo la protección de familiares con edades de 12 y 15 años y uno es mayor de edad, la Policía Nacional, mantendrá estos operativos frente a estos fenómenos criminales que afectan la seguridad y el proceso de protección a la infancia y la adolescencia, mediante la ejecución de planes y programas de protección integral.