La legalidad por la trocha y la ilegalidad por la vía

 Por Weildler Guerra C.

El tráfico de combustible entre Colombia y Venezuela se ha convertido en uno de los factores de mayor incidencia en la vida de las agrupaciones humanas que se asientan a lo largo de esta larga y álgida frontera. Influye en las economías locales, en la seguridad de quienes la habitan, en la movilidad espacial, en la cultura y en la percepción que estos ciudadanos tienen de la eficiencia y trasparencia de los funcionarios de sus respectivos estados.

Al recorrerla hoy es fácil percibir que queda poco de la vieja frontera colombo-venezolana. Aunque aún existen a lo largo de la vía las numerosas y poco funcionales alcabalas de los organismos de control policial y militar del país vecino. Años atrás, sus miembros buscaban afanosamente empleadas domésticas y trabajadores rurales colombianos indocumentados, hoy su atención se dirige a los numerosos vehículos que extraen combustible para llevarlo ilegalmente hacia Colombia. A los ciudadanos les queda la sensación de que en la medida en que se incrementan los puestos de control fronterizo en Venezuela proporcionalmente aumentan los volúmenes de gasolina y otros combustibles que ingresan de manera irregular a Colombia.

El trayecto entre Maracaibo y Paraguachón, que apenas supera los cien kilómetros, se hace hoy en mucho más tiempo que en el pasado. Anteriormente los pequeños contrabandistas y migrantes laborales se movilizaban a través de estrechas y polvorientas trochas, mientras que quienes cruzaban la zona limítrofe con sus documentos en regla lo hacían por la vía principal. Actualmente sucede lo contrario. La carretera principal está ocupada por largas filas de camiones que llevan gasolina.

El andar es lento en la carretera como el de un pesado ejército que avanza en desorden hacia un frente impreciso y lejano. Para llegar a su destino los vehículos particulares y de transporte de pasajeros se ven obligados a abandonar en algunos tramos la vía principal y a movilizarse a través de antiguas trochas recuperadas hoy por la memoria y la necesidad. Quienes viajan legalmente deben ceder su derecho a la vía a estas fastuosas caravanas del contrabando de extracción.

En el lado colombiano la situación no es menos dramática. El tráfico ilegal de combustible engorda las arcas de diversas organizaciones ilegales y también los bolsillos de algunos funcionarios venales. Pueblos bucólicos en el pasado como Cuestecitas y La Paz, otrora unidos por el quehacer pastoril de la preparación de almojábanas, se vinculan hoy por la tragedia recurrente de las caravanas de la muerte que han sacrificado la vida de decenas, quizás de centenas de sus jóvenes.

Se atraviesa a Cuestecitas con un rosario en la mano, con el temor de que ese gigantesco coctel molotov pudiese estallar en el momento menos esperado.
Sin embargo, pese a este alto costo en vidas, la mayor parte de este combustible no se queda en el territorio guajiro, en donde escasea y alcanza precios muy elevados dejando en letra muerta el espíritu de los acuerdos binacionales, sino que es llevado por oscuras organizaciones a través del Cesar hacia el interior del país. ¿Hacia dónde? Pregúntele a algunos habitantes del municipio de La Paz y quizás obtenga una respuesta.

De todas maneras una cosa es clara: difícilmente el bienestar y el futuro de La Guajira y en general de la región fronteriza colombo-venezolana se podrá cimentar sobre la desinstitucionalización creciente que conlleva el tráfico ilegal de gasolina. Porque no es justo que la legalidad marche por la trocha y la ilegalidad por la vía.
wilderguerra@gmail.com
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