Colapsa tramitación judicial

 

Por Martín Nicolas Barros Choles

La Rama Judicial, debe declararse en emergencia, para evacuar y resolver, el cumulo de expedientes acumulados, que atiborran los despachos judiciales y se ejerza justicia, pronta y cumplida, como lo dispone nuestra constitución. Decisiones judiciales, tardías y morosas, traducen injusticia.

El Poder Judicial, requiere de una gran reforma estructural operativa, acondicionadas de logísticas y medios de labores, plasmada en plataformas sistemáticas, digitales. Se requiere vincular, un numero de servidores, desde Magistrados, jueces, secretarios, sustanciadores, escribientes etc.

 Para calcular el número de servidores, que se podría necesitar, es pertinente, promediar estadísticas, relacionadas con la cantidad de procesos radicados y el numero de sentencias expedidas, durante vivencias, para determinar, el volumen de expediente represado, que se origina, cuando la cantidad de sentencias proferidas, durante una determinada vigencia anual, están por debajo del 50% de las nuevas demandas radicadas.

Muchos operadores judiciales trabajan con las uñas y a veces, les toca pedir colaboración, por falta de elementos esenciales de labores, equipos y muebles, en mal estados y desactualizados, trabajando en estrechos espacios, sin ambientación y con escasos, márgenes de apoyos, para eficiencias, truncada por el obsoleto sistema operativo vigente.

 Se han puesto en prácticas, algunos cambios, pero a media, que de poco han servido, para resolver el hacinamiento de expedientes, con tantos enredos y vacíos, en la oralidad y virtualidad, presumiendo, que servirían para agilizar, la tramitación de demandas, pero hasta ahora, no ha producido los resultados positivos, que se esperaba, ya que siguen creciendo las pilas de procesos estáticos, que no alcanzan, a resolver con sentencia, ni en uno, dos o más años, con la cantidad de servidores que actualmente laboran, siguiendo el orden numérico de radicación.

La morosidad en tramites judiciales, estimulas a quienes incumplen: deberes, obligaciones y violan normas legales, optando por preferir jugársela con prácticas de corrupción, sobornando jueces y magistrados, para obtener fallos comprados, en algunos despachos judiciales, que desacreditan, la Administración de Justicia, con decisiones, parcializadas, incoherentes, inconsecuentes, ilegales y perversas; en contra vía, de ejercicio de funciones pública.

 ¿Sin justicia, cuando se puede garantizar seguridad y paz, en convivencia social? Por causas de injusticia, se originan violencia de toda índole, corrupción y predomina; miedo, incertidumbre y dudas, generando perdidas de confianzas, en la autoridad judicial, que deben ser respetuosa, imparcial y ecuánime en derecho.

La Rama judicial, debe implementar una Dirección General, encargada de practicar las pruebas, con listados de peritos, incluyendo, intérpretes y traductores, que ordenen jueces y fiscales. Después de admitir la demanda y vencer el termino, de contestaciones de la misma, el despacho judicial, ordena las prácticas en términos, sujeto a prorroga, para rendir y detallar, informe relacionado, con el acopio de pruebas, a efecto de resolver en sentencias, conjuntamente con excepciones propuesta y alegato, en cuyos términos de tramites, también procede conciliaciones de partes u oficio, que ponga fin al proceso, en oralidad.

El gobierno de Gustavo Petro, a través del ministerio de Justicia, debe incorporar en el Plan de Desarrollo, solución sobre la crítica situación que padece el Poder Judicial, con represamientos de expedientes en trámites, por falta de personal y mejores, condiciones de trabajo, concordante, con las cantidades de trámites, que cursan en Cortes, Consejos, Tribunales, Juzgados de: distritos, circuitos y municipios judiciales; en el territorio nacional.

De seguir operando la Administración judicial, en estado de precariedad, tocará fondo y el costo para levantarla será alto, acreditando confianza, conllevando una serie de traumatismos, por motivos deficientes.

Colombia, requiere con urgencia, tener implementada la colegiatura, en la carrera de derecho y abogado, como opera en Chile, Brasil, Argentina, México, EE. UU, Francia, Holanda, Suiza etc. El Colegio de Abogado, es la institucionalidad, que rige la carrera de Derecho, desde la academia, hasta las especializaciones, incluyendo las diferentes modalidades de prestaciones de servicios, público y privado. Clasifica las distintas ramas del derecho, postula vinculación de abogados a servicios públicos, expide tarjetas profesionales, registra hojas de vida, del ejercicio profesional de abogados, promueve y ofrece, oportunidad de trabajo, de manera directa o concurso de mérito, para labores de abogados, que oficialmente le requieran.  Controla, limita, disciplina faltas y sancionan; a abogados que incurren en irregularidades y violaciones estatutarias y legales, en prestaciones de servicios. Nuestro sistema, está supeditado a un régimen judicial, que está colapsando y debemos salvarlo.

Varias veces se han radicados proyectos de ley, el ultimo fue radicado, en periodo pasado del Congreso, cuyo objeto es crear el Colegio de Abogado en Colombia, pero no habido forma de que cuaje, por intereses ocultos de quienes tienen secuestrado el poder judicial, bloqueando silenciosamente la iniciativa, sin ni siquiera permitir que sea objeto de debate. Lo curioso es que nadie sale a justificar, seguir en un sistema insanable u oponerse, fundamentado razones de improcedencia, sobre la implementación legal, del Colegio de Abogado, que de hecho remplazaría, al Consejo Superior de la Judicatura.

Para un buen funcionamiento de Administración de Justicia, se necesita apoyo del gobierno nacional, crear la especialización de jueces, para ejercer las funciones, en Rama Judicial, filtrar vinculaciones, previniendo, padrinazgo, corrupción y transparencia, para originar confianza y eficiencia, afianzado: ética, moral, honestidad y credibilidad.