Despota latifundista

 Por Tatiana Dangond

Malvado déspota de extrema derecha, promotor del discurso antirrestitución y líder de la retórica anacrónica latifundista aspira a llegar a la Presidencia a costa de los derechos de las víctimas del desplazamiento. Alejandro Ordóñez sobrepasó la línea de la democracia y la libertad de expresión, para arremeter gravemente contra las garantías y el respeto mínimo que merecen los campesinos víctimas del despojo por el conflicto armado. Bien se sabe que muchos grandes agricultores y ganaderos del país pueden resultar económicamente afectados por la restitución de tierras, sin embargo, la defensa de quienes verdaderamente hayan accedido a las tierras de buena fe no puede ser una excusa para estigmatizar, revictimizar y acabar con el mínimo de justicia al que tienen derecho los reclamantes dentro de los procesos de restitución.

Ordóñez se ha convertido en el nuevo Mesías de extremistas desfasados, que desconocen los derechos y garantías mínimas que les asisten a las víctimas de este conflicto. Se supera la línea de las diferencias políticas cuando figuras públicas que hacen parte esencial de la institucionalidad del país salen deliberadamente a hacer campaña presidencial con un discurso de profundo odio hacia el campesino, que no hace otra cosa que generar más injusticia social, pobreza, miseria y violencia. 
Si es que el procurador cree que justicia es dejar la propiedad de las tierras en cabeza de quienes las compraron a precio de huevo y a través de la interlocución del paramilitarismo, su nivel de descaro y desacierto no tiene límites ni en la Ley. Pero en todo caso, si se cree que el proceso de restitución de tierras es un asunto que favorece a falsos reclamantes o miembros de la guerrilla, no debe optarse por el populismo de su palabrería, sino por el aporte de pruebas y el uso de vías institucionales y judiciales para evitar que estos hechos sigan ocurriendo.

En cualquier caso, los señalamientos deliberados e injustificados que realiza el procurador, y que son secundados por los vehementes defensores de su doctrina –José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal– son atentados sociales y políticos en contra de un grupo de población que no solo ha sido víctima de los actores armados, sino también de grupos de derecha que desconocen sus derechos y los tratan como ciudadanos de menor categoría.

Bastante grave son las amenazas y las muertes de defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y reclamantes que han intentado apoyar este proceso, como para que estas iniciativas de reivindicación de los derechos de las víctimas se vean vilmente demeritadas por un grupo de personajes que no tiene la más mínima noción sobre lo que es la igualdad y la justicia.

Que se oponga a la paz de Santos, si eso satisface y alimenta sus intereses políticos, pero que no pretenda convencer a la sociedad de que hacer oposición se traduce en el desconocimiento de los derechos de las víctimas.

@tatidangond

Tomado de El Heraldo