Muertos que siguen vivos

Colombia sigue siendo un país generador de las noticias más increíbles. La semana anterior se conocieron unas ‘colombianadas’ que superan la ficción en el resto del mundo, pero hacen parte de la cotidiana realidad de este país.

La primera de ellas ocurrió en el municipio atlanticense de Soledad, donde según investigación de la revista Semana “en septiembre y noviembre de 2015, en ese municipio del Atlántico, dos personas con cerca de un siglo de fallecidas ‘revivieron’ para hacer insólitos trámites notariales y de pago de impuestos”, cual trama de muertos vivientes.

La segunda de estas ‘colombianadas’, también caribeña, ocurrió en el municipio de Magangué. De acuerdo con EL HERALDO, allí el alcalde denunció “presuntas irregularidades en las EPS que prestan el servicio del Régimen Subsidiado en el municipio”, detectando que “más de 4.500 muertos siguen recibiendo los beneficios del régimen subsidiado”, lo que implica que las EPS a las que estaban afiliados estas personas cuando estaban vivas han seguido recibiendo la plata que el sistema de salud colombiano les reconoce a cada EPS para que le brinden protección y atención en salud a cada uno de sus afiliados. Para que se tenga idea de cuánta plata se viene recibiendo por este nuevo caso de ‘muertos vivientes’, en 2017 el sistema de salud le paga a cada EPS en el régimen subsidiado en promedio $667.429,20 al año por cada persona. Si se multiplica ese valor por las 4.500 personas que siguen recibiendo estos beneficios sin estar vivas, se obtiene el valor de lo que está pagando por ese concepto totalmente ilegal. Y si esa cifra resultante se multiplica por el número de años que llevan cobrando como vivos a estos fallecidos, el producto resulta una megacifra.

Esta costumbre de revivir muertos en el sistema de salud colombiano no es nueva. Hace unos años, exactamente en diciembre de 2013, la Contraloría General de la República ya había dado a conocer la existencia de 89.000 personas muertas que seguían estando afiliadas al sistema de salud tanto en el contributivo como en el subsidiado, y por las que se les reconocía a las EPS un pago cercano a los $50.000 millones anuales.

Lo triste de todo esto es que lo que ahora además se detectó en Magangué es lo mismo que se evidenció por el ente de control fiscal en aquella ocasión: afiliados al subsidiado que no fueron sisbenizados previamente, inconsistencias en los soportes de identificación de miles de afiliados que permite que personas que no cumplan los requisitos reciban los subsidios de los más pobres, entre otras formas de operación de un sistema que permite la pérdida de multimillonarios recursos de la salud de los colombianos, y en especial de los más vulnerables y necesitados.

Las entidades responsables del aseguramiento en salud en Colombia deberían dedicarse a proteger más la salud de sus afiliados y atenderlos debidamente cuando se enferman, evitando así que se mueran y no seguir recibiendo los dineros por afiliación manteniéndolos vivos en las bases de datos, cuando en realidad ya han fallecido, y no en pocas veces, por falta de atención cuando estaban vivos.

Lo peor es que como por obvias razones los muertos no consumen servicios, toda esa platica se vuelve utilidad para quienes la reciben y no tienen que gastarla.
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@ulahybelpez