Palacio de Justicia: Muertos confundidos
![]() |
Diana Andrade, hija de Julio Cesar Andrade, Magistrado auxiliar de Luis Fiorillo Porras |
El papá de Diana Andrade, Julio César Andrade, era magistrado auxiliar del magistrado de la Corte Suprema Dante Luis Fiorillo Porras, en 1985. / Óscar Pérez
“A mi papá lo volvieron a matar”. Son las palabras de Diana Andrade, hija menor del magistrado auxiliar Julio César Andrade, quien murió en la toma y retoma del Palacio de Justicia hace 31 años. Hoy, la herida de la pérdida de su padre vuelve a abrirse. Este jueves, la FiscalÃa y Medicina Legal les confirmaron a ella y a sus dos hermanos que la persona que enterraron cuatro dÃas después del holocausto no era su papá. Era uno de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia. “Mi papá ahora está desaparecido y yo estoy volviendo a vivir la toma del Palacio, tres décadas después”, señala Andrade.
A la desolación de saber que a quien ha llorado desde que tiene siete años no es su papá, Diana Andrade le tiene un bálsamo: “Saber que una de las familias de los desaparecidos por fin va a saber qué pasó con su ser querido nos reconforta en medio de tanto dolor”. Se refiere a la familia de Héctor Jaime Beltrán, uno de los meseros de la cafeterÃa del Palacio de Justicia, quien desapareció en noviembre de 1985. Durante 31 años no hubo ni una sola pista de su paradero. Esa búsqueda incesante llegó a su fin. La familia Beltrán Navarrete escuchó ayer la noticia que cambia su perspectiva: ahora saben dónde ha estado Héctor Jaime Beltrán las últimas décadas. (RadiografÃa de la investigación del Palacio de Justicia)
“La vida nos une hoy a estas dos familias en un dolor y en una alegrÃa. Siento que yo encontré los restos que he estado buscando durante tantos años. Pero no traen verdades. No nos van decir qué pasó. Hay muchas preguntas: ¿por qué aparecieron hasta ahorita? ¿Cómo murieron? Nadie nos ha dicho la verdad”, se preguntó Pilar Navarrete a la salida de Medicina Legal en la tarde de ayer, a donde llegó acompañada de sus hijas y en donde se encontró con la familia Andrade.
Conocer el paradero de Héctor Jaime Beltrán quizás habrÃa sido imposible sin la insistencia de Diana Andrade por exhumar a su papá. Desde la publicación del informe de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia en 2010, las dudas de si su familia habÃa enterrado a Julio César Andrade no la dejaban vivir en paz. Comenzó enviando correos pidiendo ayuda. Luego, sin mayor conocimiento médico legal, se empeñó en entender por qué su papá tenÃa dos resultados en el informe de levantamiento de cadáver. Uno decÃa que posiblemente, sin certeza, era su papá. El otro, que se trataba de un N.N.
Después de insistir, por fin convenció a sus hermanos de pedir la exhumación. Especialmente a su hermano mayor, Gabriel Andrade, quien, en 1985, a sus 17 años, se armó del valor necesario para entrar a Medicina Legal, caminar entre cientos de cadáveres calcinados que habÃan llegado el 8 de noviembre al instituto y, con la angustia y el dolor de saber que su padre habÃa muerto, decirle a un oficial del Ejército que habÃa encontrado los restos de su papá. Lo supo porque en uno de los montÃculos de cenizas y lo que debÃan ser huesos calcinados estaba la cédula del magistrado Julio César Andrade. (Los muertos equivocados del Palacio de Justicia)
Lo que encontró Gabriel Andrade ese dÃa lo encontraron cientos de familiares más. Después del cruce de balas, las granadas, los disparos de rocket y el incendio que arrasó con el Palacio, el estado de los restos complicó su plena identificación. A la hora del reconocimiento por parte de las familias que, angustiosas, llegaron al Palacio de Justicia todavÃa humeante, o a Medicina Legal, prevalecieron más los objetos personales que encontraron al lado de los restos que los estudios odontológicos o antecedentes quirúrgicos que habrÃan podido determinar, con cierto grado de certeza cientÃfica, quién era quién.
Los errores de la identificación de las vÃctimas y su posterior entrega a las familias se han venido a enmendar en años recientes. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de diciembre de 2014, en el que se condenó al Estado colombiano por lo sucedido en noviembre de 1985, se convirtió en una pieza fundamental para que las autoridades ahondaran en el caos que resultó ser la entrega de los cuerpos tres dÃas después de la toma y retoma del Palacio. La FiscalÃa ha ordenado desde entonces la exhumación de 25 cadáveres. (El acto de pedir perdón por desaparecidos y torturados en el Palacio de Justicia)
Asà es como se ha identificado a cuatro personas que estaban desaparecidas, pero también se ha evidenciado un nuevo drama: hay familias que creyeron haber enterrado a sus seres queridos cuando, en realidad, no lo hicieron. Dos ejemplos lo ilustran. Hace dos años, los restos de Cristina GuarÃn y Luz Mary Portela, desaparecidas desde 1985, fueron encontrados en un cementerio de Bogotá. Medicina Legal confirmó que GuarÃn estaba en la tumba de Marina Ferrer, una visitante ocasional del Palacio. En el caso de Portela, las autoridades encontraron parte de su osamenta en la tumba de Libia Rincón, auxiliar de un magistrado de la Corte Suprema. Los restos de las cuatro mujeres ya fueron entregados a sus familias. (La Siempreviva,Cristina GuarÃn, descansa en paz)
Aunque apenas ahora se conocen los resultados de estas investigaciones, desde hace 30 años ya se habÃa hecho evidente este desorden del poder judicial. En 1986, el Tribunal de Instrucción Criminal, que creó el entonces presidente Belisario Betancur para investigar lo ocurrido, explicó que el proceso de levantamiento de los cadáveres no habÃa tenido ningún criterio técnico ni cientÃfico. Familiares que estuvieron después de la toma denunciaron otra irregularidad: por orden militar, miembros del Ejército alteraron la escena del cuarto piso, donde habÃa muerto la mayorÃa de los magistrados, y barrieron lo que quedó hasta el primero. (Paso a paso de la toma del Palacio de Justicia)
Uno de los cofres sellados que organizaron las autoridades fue entregado a la familia Andrade. Mientras tanto, Pilar Navarrete, esposa de Jaime Beltrán, y los padres del trabajador de la cafeterÃa, comenzaron una lucha sin tregua para encontrarlo. Fueron al Cantón Norte, a Medicina Legal, al batallón Charry Solano, a los hospitales, a estaciones de PolicÃa. Durante 31 años, nadie les dio ninguna noticia. Recibieron llamadas a sus casas en las que un hombre, que se identificaba como miembro del B-2 de inteligencia militar, les decÃa que habÃa grabado un casete con las voces de los empleados de la cafeterÃa porque le daba pesar que los estuvieran torturando siendo personas inocentes. (¿Qué pasó en el Consejo de Ministros del 7 de noviembre de 1985?)
Durante el encuentro de ayer en Medicina Legal, los abogados de las vÃctimas volvieron a presentar una solicitud que por lo menos han hecho en tres ocasiones. Les pidieron a la FiscalÃa y a la CancillerÃa que permitan que un grupo de veedurÃa internacional haga parte de las investigaciones, tal y como lo dice el fallo de la Corte IDH. La respuesta, como en las dos ocasiones anteriores, es que no hay plata para hacerlo. Otro de los reclamos es que, a pesar de que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han dicho de varias maneras que se debe indemnizar a las vÃctimas, el Estado no lo ha hecho. Pilar Navarrete se sumó a las peticiones y además, le suplicó al fiscal general, Néstor Humberto MartÃnez, que designe un fiscal para el caso, pues, explicó, han pasado tres meses sin una persona encargada. (El espaldarazo de la CIDH a vÃctimas del Palacio de Justicia)
Pilar Navarrete se convirtió, junto con las demás familias que buscaban a sus seres queridos, en el sÃmbolo de la lucha por conocer qué les habÃa pasado a 11 personas: Carlos Augusto RodrÃguez Vera, Irma Franco (guerrillera del M-19), Cristina del Pilar GuarÃn, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo, Norma Esguerra y Gloria Anzola de Lanao. Esta lista ha variado con el paso del tiempo y los resultados de las investigaciones. Cristina GuarÃn, Luz Mary Portela y Jaime Beltrán ya salieron de ella. El magistrado Pedro ElÃas Serrano, quien habÃa sido enterrado en 1985, entró en ella en junio de 2015, pues en su tumba no estaban sus restos. De él, y de Julio César Andrade, no se sabe nada.
El Espectador, Redacción Judicial.
No hay comentarios.:
SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE