La JEP llama a 31 líderes de Farc a rendir cuentas por secuestros
Están obligados a comparecer ante la Sala de Reconocimiento de Verdad el 13 de julio.
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De izq. a der.) Carlos A. Lozada, Romaña (de boina), Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez y Jesús Santrich
Foto:
AFP
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El juicio a los jefes de las antiguas Farc por secuestro, uno de los delitos del conflicto armado con mayor impacto en la sociedad colombiana, dará el arranque a los procesos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
EL TIEMPO conoció que 31 exintegrantes del secretariado y del estado mayor de la exguerrilla fueron notificados de su obligación de presentarse a la JEP el 13 de julio.
Ese día, de manera personal, o en caso de fuerza mayor a través de un apoderado, la antigua cúpula de la Farc debe acudir ante la Sala de Reconocimiento de Verdad para responder por secuestros y secuestrados hoy desaparecidos, como parte de los acuerdos de paz de La Habana para obtener los beneficios de la justicia especial diseñada para cerrar el conflicto armado.
Entre los 31 citados a esta diligencia inicial, cuyo proceso quedará nombrado en la historia como el número 001 de la JEP, hay seis de los diez delegados de la Farc para ocupar curules en el Congreso que arranca el 20 de julio próximo.
Los senadores del partido de la Farc llamados a rendir cuentas en la justicia especial son Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada; y los representantes a la Cámara citados son Jesús Santrich, Marco Calarcá y Byron Yepes.
No están citados en este proceso el representante Jairo Quintero ni las futuras senadoras Victoria Sandino y Sandra Ramírez.
Por supuesto, el grupo de 31 llamados está encabezado por Rodrigo Londoño, Timochenko.
Así lo ordena el auto 002, conocido por este diario y emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Esta abordará los secuestros atribuidos a la exguerrilla a partir de los informes presentados por la Fiscalía, la Fundación País Libre y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Puntualmente, el informe de la Fiscalía incluye 312 sentencias por secuestro contra las antiguas Farc. Y 68 de esos fallos comprometen directamente a miembros del secretariado y del estado mayor, máximas instancias de dirección del entonces grupo armado.
Durante la audiencia del 13 de julio, los 31 llamados a comparecer ante la JEP recibirán los informes que la Fiscalía, País Libre y el Centro de Memoria Histórica entregaron sobre el secuestro.
Además de estos informes, la Sala de Reconocimiento de Verdad tomó en cuenta 42 expedientes enviados por distintas autoridades judiciales del país a la JEP, incluida la Corte Suprema de Justicia.
En la primera audiencia, los magistrados de la JEP se concentrarán en los secuestros presuntamente cometidos por las Farc entre 1993-2012.
“En este periodo de expansión militar de las Farc, la retención ilegal de personas habría sido adoptada como forma de operar de la organización, de manera expresa, desde la Octava Conferencia y hasta la prohibición de dicha práctica en 2012”, según dice el auto de citación a los jefes de la Farc.
Cobrar a familiares de los secuestrados grandes sumas de dinero, presionar al Gobierno y demostrar control sobre la población civil eran los objetivos de la exguerrilla con esa práctica, que provocó tanto rechazo del país.
Hay que recordar que en el 2012, como un gesto de paz antes de iniciar las negociaciones formales, las Farc renunciaron al secuestro.
Los magistrados se reservan la facultad de ampliar el lapso de tiempo sobre el cual esperan recibir verdad de los jefes del partido Farc sobre los plagios.
Pedirán información acerca de los secuestrados que nunca aparecieron y por los cuales muchas familias colombianas se mantienen hoy en vilo.
Casos de 1993 a 2012
En la primera audiencia, los magistrados de la JEP se concentrarán en los secuestros presuntamente cometidos por las Farc entre 1993-2012.“En este periodo de expansión militar de las Farc, la retención ilegal de personas habría sido adoptada como forma de operar de la organización, de manera expresa, desde la Octava Conferencia y hasta la prohibición de dicha práctica en 2012”, según dice el auto de citación a los jefes de la Farc.
Cobrar a familiares de los secuestrados grandes sumas de dinero, presionar al Gobierno y demostrar control sobre la población civil eran los objetivos de la exguerrilla con esa práctica, que provocó tanto rechazo del país.
Hay que recordar que en el 2012, como un gesto de paz antes de iniciar las negociaciones formales, las Farc renunciaron al secuestro.
Los magistrados se reservan la facultad de ampliar el lapso de tiempo sobre el cual esperan recibir verdad de los jefes del partido Farc sobre los plagios.
Pedirán información acerca de los secuestrados que nunca aparecieron y por los cuales muchas familias colombianas se mantienen hoy en vilo.
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