Se entregó 'Tuto' Uhía: La decisión de la juez en cuanto a la medida de aseguramiento a imponer se conocerá este jueves

 

 Cuando se reanude la audiencia

Ex alcalde de Valledupar, Augusto 'Tuto' Uhía Ramírez

Valledupar, Cesar.-  Ante las instalaciones del CTI de la Fiscalía de Valledupar se entregó el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, contra quien pesaba una orden de captura por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos legales.

En el mismo proceso están involucrados el exsecretario de Educación, Luis Carlos Matute y el exsecretario general José Juan Lechuga.

Se pudo conocer que la investigación es adelantada por la Fiscalía 12 contra delitos a la administración pública.

Los hechos están relacionados con la celebración de un contrato por prestación de servicios con la Corporación de Desarrollo Social Creciendo para los estudiantes de 11 a fin de fortalecer su orientación vocacional, por monto que supera los 500 millones de pesos.

Igualmente se conoció que dos contratistas estarían involucrados.

Cabe señalar que una vez el exmandatario y los exsecretarios se entregaron se les hizo efectiva la orden de captura que tenían en su contra emanada por el Juzgado Séptimo Penal municipal de Valledupar.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos sucedieron en octubre de 2019, a pocos días de terminarse el mandato constitucional de Augusto Ramírez Uhía.

En este sentido, la Fiscalía determinó que el exalcalde delegó al exsecretario General, José Juan Lechuga, para la celebración del contrato de prestación de servicios N° 1244-2019 con la empresa Corporación de Desarrollo Social “CRECIENDO”, cuyo objeto fue “Prestación de servicios para la formación a estudiantes de grado 11 para fortalecer la orientación vocacional profesional y técnicas para un mejor desempeño en entrevistas de admisión en las instituciones de educación superior en el país y el municipio de Valledupar”.

Este contrato tendría un plazo de 45 días calendarios, y por un valor de $592.375.000, la población objeto era de 3.832 estudiantes de Valledupar.

Dicha corporación era representada legalmente por Tresrespalacios Carreño, quien para el desarrollo de las actividades contratadas, subcontrató González Armenta, persona que en ultimas, desarrolló todo el contrato.

«La tramitación del contrato de prestación de servicios vulneró los principios de la contratación pública, principalmente el de planeación, toda vez que en los estudios previos no se tuvo en cuenta que las universidades del país ya estaban ad portas de cerrar las inscripciones, lo que resultaría en ineficaz la capacitación que se pretendía dar con el contrato en cuestión, además que en el pliego de condiciones, se anotara clausulas exorbitantes que no permitieron garantizar el principio de transparencia», señaló el ente acusador.

Asimismo, se estableció que la ejecución del mismo hubo sobre costos en el pago de algunos servicios, como el alquiler de computadores portátiles, video beams, amplificadores de sonido y micrófonos, y en la adquisición de pendones, los cuales debían ser usados durante las charlas a los estudiantes.

Particularmente, la adquisición de servicios de alquiler, se hizo con la empresa Sistemas Integrados del Cesar “SIC”, de propiedad del sub contratista que entre otras cosas, la empresa tenía la matricula cancelada desde el año 2015, es decir, que no existía para la fecha de la negociación.

En otro de los itens del pliego de condiciones, se dijo que el contratista debía adquirir el servicio de 320 profesionales especializados en “Humanidades y desarrollo humano”, y de “Comunicación social y periodismo” para cubrir 80 grupos de estudiantes, sin embargo, fueron contratados solo 4 personas a quienes presuntamente le cancelaron 80 horas de trabajo cada uno por valor de $62.000.000, y las capacitaciones fueron dictados por los auxiliares logísticos y administrativos dirigidos por dos coordinadores.

El pagóde los auxiliares resulto en igual medida, irregular, por cuanto no todos laboraron, algunos se les canceló menos de lo debido y otros más de lo debido.

En otro punto contractual, se realizaron arriendo de vehículos para el transporte de los auxiliares, del cual se destaca, que un tercero, extraño al subcontratista arrendó los automotores para tal fin, en el que se incluyó su propio automóvil.

«Todas las maniobras realizadas para lograr el pago de la administración municipal, quedó plasmado en documentación que fue presentada como soporte en el informe final, logrando así el pago del valor del contrato, menos las deducciones, en un total de $570.078.242, por lo que el secretario General y Educación de Valledupar, permitieron que el particular se apropiara de $376.766.000,oo, cuando de todo lo ejecutado, el valor real a cancelar sería de tan solo $193.312.242», dijo el ente investigador.

Pese a toda la argumentación del fiscal, los imputados no aceptaron cargos.

Así las cosas, la decisión de la juez en cuanto a la medida de aseguramiento a imponer se conocerá este jueves cuando se reanude la audiencia. Entre tanto la Fiscalía solicitó detención domiciliaria.