31 años de la Fiscalía en Colombia, con balance …?
Por Martín Nicolás Barros Choles.
La Fiscalía General de la Nación, nació con la
Constitución Política Nacional de 1991, mediante los artículos 249 al 251.
Tiene la función de investigar, de oficio o mediante denuncia y querella, las
conductas delictivas y acusar, ante los jueces y magistrados, a delincuentes e
infractores, para efecto de enjuiciamiento. Es un órgano o entidad pública
independiente, adscrito al poder judicial, direccionada por el Fiscal General,
designado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, de una terna que remite,
el presidente de la República, por un periodo de cuatro años.
La Fiscalía inicio operación de labores, a
partir del 1 de agosto de 1992, remplazando a la Dirección Nacional de
Instrucción Criminal, que ejercían funciones similares, con la diferencia que
los procesos de trámite, pasaron de escritural, a la oralidad, cuyo cambio
buscaba tecnificar y desarrollar eficiencia, para evacuar de manera ágil, las
investigaciones penales que cursen en despachos, pero hasta ahora, ha sido lo
contrario, un órgano ineficiente, politizado, que ha generado, controversias,
acumulación procesal, hacinamiento
carcelarios, liberaciones de delincuentes, por vencimientos de términos
y detenciones domiciliarias, a peligrosos delincuentes, que se burlan de la
justicia, continuando la practica criminal.
La Fiscalía. es la única entidad pública, que ha incumplido con los términos
institucional, del Fiscal, prestablecido y relacionado, con una determinada
fecha, para inicio y terminación del periodo, que debería efectuarse siempre en
el mes de Agosto, pero no ha sido así, por una serie, de interrupciones y
terminaciones, anticipadas del periodo al que fue elegido, sin que designaran
nombramiento de Fiscal, para terminar periodo, como ocurre con alcaldes,
gobernadores, presidente y cualquier, otro funcionario, nombrado por termino de
un periodo. Ninguna norma constitucional, ni legal, faculta a la Corte Suprema
de Justicia, para no respetar y violar, el termino institucional establecido,
para la posesión y terminación, del Fiscal, en fecha prestablecida.
Por la Fiscalía se han posesionado más de 10
Fiscales en propiedad, designado por la Corte Suprema. Algunos pocos, en
calidad de encargados. En su orden, Gustavo de Greiff Restrepo, fue el primer Fiscal,
que estrenó esa institución, pero no lo dejaron terminar, forzando la salida cuando
transcurrían dos años, de los cuatro que le corresponde ejercer el Fiscal, por
motivo de la edad, que no era causal legal para retirarlo, pero lo hicieron.
Lo remplazó el abogado Alfonso Valdivieso
Sarmiento, primo hermano, del asesinado candidato a la presidencia, Luis Carlo
Galán Sarmiento, durando en el cargo, un termino de tres años y fue remplazado,
por Alfonso Gómez Méndez, quien asumió el 1 de agosto de 1997 hasta 31 de julio
del 2001. Le Siguieron, Luis Camilo Osorio Isaza, cuota de la AUC, en el
gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Después Mario Aguaran, impulsado por el cartel
Norte del Valle, disputó la elección con Jorge Pretel. A este último lo volvió
a postular el presidente Uribe, en consolación, para que Senado, elegirán
Magistrado de la Corte Constitucional. No termino el periodo de duración, se
encuentra detenido, en guarnición militar, por corrupto.
Encargaron
Guillermo Mendoza Diago, luego nombraron Viviane Morales, cuyo nombramiento
demandaron la nulidad, la cual fue declarada por el Honorable Consejo de
Estado, remplazada por Martha Lucia Zamora, en calidad de encargada. Mas
adelante a Luis Eduardo Montealegre, 29 de marzo de 2012 hasta 28 de marzo
2016. Al terminar el periodo, encargaron a vicefiscal Jorge Fernando Perdomo,
que ejerció durante cuatro meses.
Después nombraron a Néstor Huberto Martines
Neira, ternado por el expresidente Juan Manuel Santo, que duró en el cargo 33
meses, renunció por circunstancias extrañas, que lo implicaban en suicidios,
con cianuros y practicas aberrantes de corrupción, remplazándolo en encargo
Fabio Espitia. Por último, el gobierno de Iván Duque Márquez postuló y fue
elegido Francisco Barbosa, cuyo periodo vence el 13 de febrero de 2024.
La Fiscalía no ha arrojado los resultados
positivos esperados, ha sido politizada en favor y conveniencia de los
gobiernos de turnos, que postulan los candidatos mediate ternas, para elección
de la Corte Suprema, utilizándolo como Fiscal de bolsillo.
De los fiscales elegidos, solo uno tenía
título de especialista en derecho penal, Alfonso Gómez Mendes, los demás, ni
siquiera se asomaban a una mínima experiencia, en tema penal que direccionaban.
Tampoco implementa la estabilidad de los fiscales, que ejercen investigaciones
para diferentes clases delitos, manteniéndolo en condición de libre
nombramiento y remoción, por fuera de la carrera judicial.
Los despachos de los fiscales están
atiborrados de cantidades de procesos, que cada día crecen las pilas, sin
margen para bajarla, por las cantidades de denuncias que diariamente radican,
sin sumar aquellas, que absurdamente se niegan recibir autoridades penales, porque
las víctimas no suministran la identificación del desconocido agresor, que
violenta. También se dejan de presentar muchas denuncias, por miedo, falta de
garantías y por no confiar en la autoridad penal.
La politización conjugada con la corrupción
tiene la Fiscalía al garete, persiguiendo algunos y absolviendo a otros. Claro
está, no de forma gratuita, constituyéndose en un órgano de favores por encargos
remunerados, tráfico de intereses e impunidad, como viene ocurriendo, amparado
en sensibles y vulnerable, procedimiento penal y operadores judiciales, en
entre dichos, destacándose, imposición
máxima pena de 55 años de cárcel, al exgobernador de La Guajira, Juan
Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, fundamentado únicamente en pruebas de
referencias, sin formular imputación de cargos, por cada hechos denunciados y
procesado, ni definir de manera particular e individual, cada uno de los
procesos revueltos como tutifruti, con supuesta o presunta participación, en
condición de autor material, intelectual o cómplice, sin ningún testimonio en
su contra, de autores o coautores, que lo implicaran.
Las “pruebas de referencias” son los
comentarios noticiosos, especulaciones, desinformaciones, manipulaciones u
opiniones; que se divulgan en medios de comunicaciones, que deben valorar la
autoridad competente, para validar de manera objetiva, no sesgada, amañado, ni
parcializada, utilizada para perjudicar o beneficiar, lejos muchas veces, de la
veracidad y la razón, por falta de ecuanimidad y coherencia.
Fiscal y magistrado, juzgaron y condenaron, a
“Kiko Gómez” por presiones mediáticas, asechadas, por periodistas, ignorantes y
prepagos, con vicios procedimentales, carencias de elementos probatorio y
violaciones al debido proceso; que debe ser objeto de revisión en instancia
superior.
La Fiscalía requiere de cambios extremos, con mayores independencias y fiscales estables, especialistas en derecho penal.
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