La Guajira, primero la vida

 

Presidente Petro inició acciones para mejorar calidad de vida de niños y niñas wayuu.

Por Caribe Investigación

La declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira volvió a encabezar la agenda pública del Caribe en días recientes, de allí que nuestro editorial esté dedicado al tema. Nos ocupa de igual forma el asesinato de líderes, defensores y comunicadores y la violación sistemática de los derechos humanos; se reconoce -de nuevo- la tragedia ambiental que viene azotando a la Sierra Nevada de Santa Marta.

1. La Guajira, primero la vida.

Como es de conocimiento público, el Gobierno nacional emitió el pasado 2 de julio el Decreto 1085 por medio del cual declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira por un periodo de 30 días.

Estuvo presidido por un ejercicio de gobierno popular en el territorio y tiene como finalidad impulsar una serie de políticas económicas y sociales que buscan superar la crisis humanitaria que padece el departamento.

Recordemos que 67,4 % de la población guajira es pobre y apenas 20 % de la población tiene acceso a agua potable, mientras que la tasa de mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de cinco años se mantiene hasta ocho veces más alta al promedio nacional desde 2017.

Frente a la grave situación de vulneración de los derechos fundamentales en La Guajira, la Corte Constitucional emitió en 2017 la Sentencia T-302 con la finalidad de proteger los derechos de los niños y niñas, madres lactantes y adultos mayores de las comunidades wayuu.

Desde aquella sentencia, donde se declaró el “estado de cosas inconstitucional” de La Guajira, ni el gobierno de Juan Manuel Santos ni el de Iván Duque hicieron esfuerzo alguno por superar la tragedia.

Pues bien, la semana pasada el Gobierno publicó 11 decretos relacionados con la declaratoria del Estado de Emergencia del pasado 2 de julio, mientras que el presidente Petro acudió a la Corte Constitucional para defender las razones que lo llevaron a declarar la emergencia en el departamento.

Al unísono, las EPS que prestan servicio en La Guajira y la Asociación Colombiana de Minería (ACM), entre otros sectores de poder, se pronunciaron en contra de los decretos emitidos por el Gobierno, poniendo reparos que se le limitan, en el fondo, a la acumulación de capital por encima del derecho a la vida.

También se conocieron pronunciamientos a favor de la declaratoria de Emergencia y los decretos, y reparos con argumentos para fortalecer, alimentar o corregir las propuestas del Gobierno.

Luego de escuchar los argumentos del Gobierno y las propuestas o consideraciones de distintos sectores que integran el departamento, la Corte Constitucional tiene la responsabilidad de validar o invalidar las políticas propuestas por medio de estos decretos de excepcionalidad, teniendo en cuenta que el espíritu de las normas o decretos emitidos jamás pueden estar por encima del derecho a la vida.

Pero lo que se está imponiendo desde el escenario mediático es todo lo contrario. Los reparos que prevalecen son de carácter económico; es más importante para un sector la seguridad jurídica en la inversión de capital que el derecho a la vida de un pueblo que llora de hambre y desolación a las orillas del Caribe.

Es evidente que las EPS se sienten desplazadas y amenazados sus intereses. Aseguran que no se oponen a la aplicación de medidas que garanticen el acceso a la salud, pero alertan que estas deben tener en consideración los recursos disponibles, ya que la plata que el Estado gira anualmente para la atención en salud de cada colombiano ya está comprometida para 2023, amén de implorar se respete la sacrosanta autonomía de las EPS.

En resumen, que mueran miles de personas de la nación wayuu por mala prestación del servicio de salud, de lo cual han sido responsables las EPS. Les aterra quedar excluidos de lo que ellos consideran “negocio”, y que los dineros asignados a cada ciudadano guajiro se les vaya de las manos.

La ACM emitió un comunicado parecido al de las EPS, les preocupa el negocio. Aseguran que el decreto 1277 del Ministerio de Ambiente puede “generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica de las actividades productivas y empresariales, además de proyectos mineros ya existentes o futuros”.

Alertan también que el decreto 1277 incluiría “temas como la limitación de concesiones de explotación de recursos naturales”.

Para estos actores de poder, los negocios, la inversión de capital, las ganancias de las empresas y el extractivismo minero están por encima de la vida del pueblo guajiro. Si una empresa nacional o transnacional destruye o contamina los cuerpos de agua, hay que dejarlas intactas porque el agua no es importante ni ocupa el primer lugar de su agenda económica, salvo cuando es utilizada con fines extractivos como en el caso del Arroyo Bruno.

Queda claro que son los intereses económicos de las empresas, de los corruptos politiqueros y de los negociantes de la salud, y de otros estamentos mafiosos, los que han impedido que se solucione la grave crisis humanitaria y ambiental de La Guajira.

En los últimos 30 años La Guajira ha recibido más de 15 billones de pesos en regalías y otras transferencias nacionales. ¿Dónde está invertida la plata? Se esfumó, se la robaron.

Debemos aclarar que no todos los actores que se expresaron partieron de las mezquindades antes citadas. La Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), que es veedora del cumplimiento de la sentencia T-302 del 2017, se enfocó en el derecho de la vida y en la terrible realidad de muerte que ronda al departamento.

La directora ejecutiva de FUCAI, Ruth Consuelo Chaparro, en entrevista con El Heraldo recordó que “los niños siguen muriendo, no hay agua, no hay alimentos, y a pesar de que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales y dio orden a todas las entidades del Estado de que tomaran medidas han pasado 6 años y no lo han hecho”.

“La naturaleza ya declaró la emergencia en La Guajira hace varios años”, agregó la vocera, “y en varias ocasiones la sociedad civil y los mismos indígenas les han pedido a distintos gobiernos que se declare la emergencia ambiental en La Guajira porque no hay agua en el sector rural, hemos visto morir los chivos y otros animales y los niños, y hemos visto a comunidades tomando barro espeso porque el agua del jagüey se secó”.

“Si a través de las medidas extraordinarias lo logran, bienvenido, porque no lo han logrado por las medidas ordinarias. Y no es momento para defender una institucional y una democracia legitimando la muerte de los niños y una vida deplorable para los que no han muerto, pero ya no desarrollaron las habilidades. Necesitamos que estos niños sean atendidos, que se proteja la vida de los niños inocentes y sus familias y que las entidades tomen las decisiones más inteligentes porque necesitamos detener el hambre”, demandó Ruth Consuelo Chaparro.

Lo que se tenga que hacer por La Guajira es urgente, no da espera, esa es la realidad. Confiamos en que el pueblo guajiro no seguirá siendo sacrificado por los intereses egoístas del capital y para ello se debe abrir un debate plural y respetuoso en todo el departamento, poniendo la vida como centro de la discusión.

2. Sigue la matanza.

Hace apenas tres días, la organización Human Rights Watch para las Américas alertó que durante el primer semestre de 2023 fueron asesinados en Colombia 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

Los departamentos con mayor repercusión fueron Antioquia con 10 asesinados, Arauca y Bolívar con 5 cada uno, Cesar, Córdoba y Norte de Santander con 4 cada uno.

Hoy, según el reporte actualizado de INDEPAZ, han sido asesinados 104 líderes en todo el país. En la región Caribe han asesinado 23 líderes durante 2023, lo que representa 23 % del total nacional.

A propósito de este panorama desalentador, se hace oportuno citar la reciente publicación del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, titulado “Reclamar y morir. El exterminio del liderazgo social de base en Colombia (2016-2022)”.

Durante este periodo de seis años fueron asesinados 951 líderes en Colombia, de los cuales 124 corresponden al Caribe, es decir, 13 % del total nacional registrado por el CINEP/PPP.

Seguimos sufriendo de manera notoria esta tragedia social, donde el tejido social es amenazado sistemáticamente y ya no se limita a líderes sociales y defensores ambientales de derechos humanos.

Este año han sido amenazados maestros, docentes e investigadores del conflicto, delegados de la Defensoría del Pueblo, periodistas y medios alternativos.

Todo apunta al silenciamiento, por medio del terror, de toda la sociedad disidente o crítica, a los que permanentemente denuncian la corrupción, el paramilitarismo, la contaminación ambiental producto del extractivismo.

Recientemente fueron amenazados de muerte cinco comunicadores en el municipio Barrancas (La Guajira) por motivos políticos no clarificados lo suficientemente.

Lo cierto es que el sur de La Guajira ha estado bajo amenaza paramilitar los últimos meses, sin que el Estado de garantías de vida para la población.

Esta subregión se convirtió desde la década de 1980 en un laboratorio minero y de guerra hecho a la medida de las transnacionales: desde los ochenta hubo un proceso de concentración irregular de la tierra (denominada baldíos), pero luego pasarían a hacer parte de los predios para el enclave minero.

La situación no ha cambiado en los últimos años.

3. Sierra Nevada, grave daño ambiental.

La explotación de canteras está ocasionando graves daños ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta, según denunció la semana pasada la representante a la Cámara del Magdalena, Ingrid Aguirre, en el marco de un debate de control político.

La representante aseveró que, a pesar de que la Sierra Nevada obtuvo la distinción de patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco en noviembre de 2022, el ecosistema de la región “está siendo gravemente afectado por la actividad de canteras en la Ye de Ciénaga”.

“A pesar de los esfuerzos gubernamentales y la designación de la zona como patrimonio de la humanidad, Corpamag ha seguido otorgando licencias ambientales a estas canteras, haciendo caso omiso de los riesgos que conllevan”, alertó la congresista.

En respuesta, la Ministra del Ambiente, Susana Muhamad, reconoció la gravedad de la denuncia y recordó que la política del gobierno está alineada con la defensa de la vida, sobre todo de este territorio sagrado conocido mundialmente como el corazón del mundo.

El descaro lo representó la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), quien argumentó que las canteras “cuentan con títulos mineros y licencias ambientales otorgadas legalmente, y que estas actividades están en consonancia con las regulaciones establecidas por la Ley 99 del año 93 y la 1076 del 2015”.

Corpamag también aduce que es una zona catalogada por el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Ciénaga como área apta para minería. Un ordenamiento hecho, sin duda, a la medida de las grandes empresas mineras.

Y lo del daño ambiental ocasionado por las canteras es uno de los tantos casos denunciados durante las últimas dos décadas.

Se sabe que existen más de 130 títulos mineros y 260 solicitudes para explotar minerales y carbono en la Sierra Nevada, que afectarían gravemente este pulmón protegido de Colombia, donde habitan pueblos indígenas sujetos de protección especial.

Los intereses mineros dentro de lo que se conoce como la Línea Negra (territorio sagrado amparado constitucionalmente) se intensificaron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien llevó a cabo una serie de grandes proyectos de infraestructura en la región que iban a la par de la arremetida paramilitar contra las guerrillas, líderes campesinos e indígenas.

Hoy la historia se repite en todo el territorio del Caribe: el paramilitarismo crece en los territorios donde existen proyectos mineros, extractivos e industriales y, en consecuencia, amenaza a los líderes y defensores que denuncian o se oponen a estos proyectos.