Se robaron más de 4 mil millones de dólares y los condenan a cinco años de 'cárcel'

 

Caso Reficar.

A 64 meses de prisión fueron condenados los expresidentes de la Refinería de Cartagena Felipe Castilla Canales y Orlando Cabrales Martínez, por el desfalco registrado a esa entidad. La decisión es del juzgado noveno de conocimiento de Bogotá, quien consideró que Castilla deberá cumplir su pena en centro carcelario, mientras que Cabrales lo hará en su lugar de residencia por tener más de 80 años y quebrantos en su salud. La sentencia quedó en firme este jueves por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los exfuncionarios deberán pagar una multa superior a los 66.66 salarios mínimos legales vigentes, y estarán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante un poco más de seis años. Cabrales y Castilla estuvieron ante los estrados judiciales desde junio de 2019, cuando la Fiscalía decidió abrir una tercera línea de investigación para esclarecer lo que ocurrió con uno de los desfalcos más grandes de la historia en Colombia que vincula la Refinería.

Lo que dijeron en su momento los fiscales del caso es que, los exdirectivos estuvieron inmersos en inconsistencias en la asignación del multimillonario contrato de gerenciamiento y administración del proyecto. Lo que expusieron las investigaciones que hoy terminaron en una condena contra Castilla y Cabrales es que el contrato PMC (Project Management Consultant), cuyo valor inicial superó los 95 millones de dólares fue entregado directamente a la compañía extranjera Foster Wheeler & Process Consultant, sin previo concurso público que garantizara una selección objetiva del contratista.

En su momento, lo que dijeron desde el búnker es que la adjudicación “a dedo” limitó la participación de otras compañías que podrían haber acreditado el perfil y la experiencia para asumir la gerencia, asistencia y vigilancia de los contratos de construcción de la Refinería, las interventorías y otras obligaciones contempladas.

De Castilla Canales, la Fiscalía dijo en su momento que fue el señalado de tramitar el contrato PMC, mientras que, a Cabrales Martínez, se le atribuye la celebración del contrato con la firma Foster Wheeler & Process Consultant. Además, también está ante la palestra pública por presunto interés indebido en la celebración de contratos también vinculado en el expediente de Reficar.

Una vez conocida la sentencia, los procesados anunciaron que apelarán el fallo. Castilla Canales expresó, mediante un comunicado de prensa, que durante el juicio ocurrieron varias irregularidades que él mismo denunció y puso en conocimiento de las autoridades en una tutela que todavía no se ha resuelto. Según el abogado, la jueza de caso no estuvo en varias audiencias y, en otras ocasiones, estuvo en más de una a la vez. “Considero que las razones que fundamentan la sentencia condenatoria no reflejan lo sucedido en juicio, donde quedó más que probada mi inocencia, como incluso lo manifestó el señor procurador al solicitar la absolución”, expresó Castilla Canales.

Por su parte, la defensa de Cabrales Martínez señaló que espera que el Tribunal Superior de Bogotá haga una nueva valoración de las pruebas, puesto “que se acreditó más allá de toda duda que Orlando José Cabrales Martínez cumplió con la normatividad legal vigente, así como con los manuales de contratación de la entidad y que en ningún momento con su actuar omitió algún requisito o buscó favorecer al contratista. “Orlando José Cabrales Martínez ha sido y sigue siendo un ciudadano y un profesional ejemplar”, concluyó el comunicado de prensa.

En junio de 2018, la Contraloría expidió un auto de imputación de responsabilidad fiscal por más de 2400 millones de dólares, luego de haber comprobado la existencia de daño fiscal por la pérdida de las inversiones realizadas en la Refinería entre 2011 y 2015. En total, la decisión, inicialmente, cobijaba 20 personas, incluyendo a funcionarios, miembros de la junta directiva y las cinco multinacionales que participaron en el proyecto, el cual estaba inicialmente planeado por un valor de 3.777 millones de dólares y que terminó costando 8.326 millones.

En octubre del año pasado, el órgano de control ratificó la sanción contra 16 personas. Esa decisión cobija a dos expresidentes de la compañía, tres exvicepresidentes, siete miembros de su junta directiva y cuatro contratistas. La Contraloría, en su momento, “concluyó que existe la certeza del daño al patrimonio público, así como el nexo de casualidad entre el comportamiento de los declarados responsables fiscales y el daño ocasionado al erario”, según explicó la entidad en un comunicado.