¿Cuándo cesará la corrupción en poderes y autoridades publica?

 

Por Martín Nicolás Barros Choles

En Colombia la corrupción brota como burbujas, indiferente de quien gobierne o administre instituciones y ejercen, poderes públicos, pero es ínfimo, las sanciones que aplican, frente a la cantidad de hechos aberrantes, en que incurren diariamente, en  los tres pilares o ramas del poder público,  instituidas en la Constitución Nacional, clasificados en: ejecutivo, legislativo y judicial; sumándole Fiscalía, Procuraduría y Contraloría; amangualada en complicidad, para absolver y archivar o echar tierra, a hechos de corrupción que se causan, desde el centralismo hasta las localidades municipales, muchas pasando desapercibidas, por las autoridades competentes, negligentes, que desvían o dilatan, por sobornos, los tramites de investigación relacionados con denuncias y quejas, de graves hechos relevantes, que terminan en impunidad o  archivo, por motivos de ineficiencias y favorecimiento comprados, degenerando las funciones públicas, manchando la ética y pulcritud de servidor público. 

La presidenta de México, Claudia Sheibaum Pardo, en una disertación publica, pregunta: “¿Quién puede salvar a un poder corrupto?” “Respondiendo el pueblo.” aludiendo que México, será el primer país en el mundo, que elegirá los miembros de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, por elección popular. Así debe ser, no hay razón que justifique lo contrario, aun cuando las elites de Cortes y Consejo, rechacen las propuestas, para mantener el monopolio de las decisiones judiciales, implementando dictadura, para amparar la corrupción de sectores privilegiados, en carteles de togas, que les generan beneficios económicos y emolumentos adicionales.

Han sido muy pocos, los servidores públicos responsable, de hechos ilícitos e irregulares, que, tuvieron la suerte, de ser sancionados o condenados. El 70% o más, de congresistas, están implicados en diferentes formas de corrupción, pero nada que los tocan o si los tocan, llueven tráficos de influencias, que interceden, negocian y consiguen resultados airosos, favoreciendo a corruptos y todos por la plata. 

 

En La Guajira, se destapó un tramado de corrupción, con las compras de 80 carros tanques, que entraron al territorio, con bullarangas de corneta, haciendo jubilo a la solución del servicio del agua, para supuestamente solventar las necesidades de los Wayuu, que carecen del preciado líquido, originado muchas muertes de niños, por desnutrición e infecciones gástricas, debido al mal estado del agua que consumen.

Escandaliza las captura de  dos expresidentes del Congreso, uno de la Cámara de Representante, Andrés Calle y otro del Senado, Iván Name, por haber recibido el representante corbes, del Partido Liberal, mil millones,  entregado personalmente,  por Sneyder Pinilla, subdirector de la UNGRD, la suma mil millones, en su apartamento en Montería y $3000 millones para el barranquillero Iván Name, a través de una intermediaria, que ejercía en este gobierno de Gustavo Petro, en calidad de Consejera para las Regiones Sandra Ortiz,  cumpliendo directrices, del director general, Olmedo López, quien ordenó  la entrega del billete,  originado de una contratación de los carros tanques, destinado para La Guajira, por recomendaciones de ministros del actual gobierno; que a lo mejor también lo capturen, en una larga cadena de implicados por corrupción, que se mantiene estándar, sin poderla ocultar. Hay que desenredar los tejidos de la madeja de corrupción. 

Si la Fiscalía se dedicara a investigar las contrataciones, de por lo menos, los ultimo 10 años, en la UNGRD, revisando y confrontando, los objeto contratados, las cuantías de costos sufragados y los resultados arrojados, se darían cuenta, como han saqueado los parlamentarios, una Unidad, destinada a atender y socorrer, emergencia e inclemencia humanitaria, por causas sísmica o fenómenos naturales. De no hacerlo la Fiscalía, con facultades amplias, para asumir un barrido detallados, de los múltiples contratos adjudicados estaría incurriendo en encubrimiento. El problema no se resuelve con las detenciones, de Name y Calle, esto son apenas epéntesis, de cientos de parlamentario o exparlamentarios, implicados en corrupción contractual, para sentar precedente ejemplar, en justicia.

Anualmente se destina para compra de las mayorías, parlamentaria de Cámara, Senado, mas de un billón anual, en contratos y cupos  de asignación, con la finalidad de que se garanticen aprobaciones, de leyes y proyecto de Actos Legislativo, condicionado al  engrase  del gobernantes de turno, para halagar bancadas y ruedas sueltas, practica inmoral, predominante en el  Congreso, no obstante devengar los congresistas, un buen sueldo, pero a la vez, se enriquecen ilícitamente, con los acondicionamientos y extorciones, dirigida al gobierno, para obligarlo a que suelten recursos económicos,  de beneficios personales, que  le sirvan para crecerse en el ámbito político, con disposiciones para la compraventas de electores  y funcionario, de Registraduría, para atornillarse en el poder, valiéndose de los mercaderes de votos, que tienen prostituida, la democracia. 

Enganchar a unos pecadores y encubrir otros, responsables y beneficiario, no es de gracia en la administración de justicia. Es impunidad, que de nada sirve, para erradicar los problemas de corrupción, que cada día generan gravísimas consecuencias, avaladas de complacencias de quienes gobiernan, aprovechando ignorancias y pasividad popular sometida o indiferentes. ¿Como podemos calificarnos, en condición de electores, victimas o cómplices de lo que políticamente está ocurriendo en administraciones publica, si callamos, no desinteresamos y seguimos vendiendo el alma al diablo, para que se apropien de lo nuestro? Las transparencias se opacaron en politiquería, sin diferenciar tendencias implicadas, de derecha o izquierda, que han tenido oportunidad de gobernar.

El presidente Gustavo Petro, debe pronunciarse asumiendo responsabilidad, directa o indirecta por hechos de corrupción en una institución publica nacional, durante el presente gobierno, brindándole total apoyo, a la autoridad competente, para contribuir en esclarecimiento y vincular, sin excepción algunas, a todos aquellos comprometidos, con hechos delictivos. Callar, eludir o esquivar responsabilidad, no sirve de nada, contradiciendo promesas de cambios, en campaña, para mejorar nuestra democracia. “Al que le caiga el guante, que se lo aguante”. Con castigos, se escarmientan y aprenden, sin interpretarse o suponerse, como “golpes blandos” para generar, dudas y confusiones, con alternaciones populares de orden público.