¿A cuántos arrastrarán por los cachos el meollo de Pasaportes?

  

Por Martín Nicolás Barros Choles.

Los caprichos y orgullos, a nada bueno conllevan, incidiendo más de las veces en fatalidad, por causas negativas, que obsesionan, radicalizan y enceguecen, terminando en tragedias y fracasos. La función pública, deben prevalecer, planes y criterios, sanos, globales y positivo; al desarrollo en producción, con prácticas de participación democráticas, no de forma y manera impositivas, que generen discordias, originadas por: discriminación, desconciertos, inconformismo, desaciertos, incoherencias y cuestionamientos; por hechos insolidos e inapropiados o de beneficios exclusivos. Es importante diferenciar lo privado de lo público, para no incurrir en: equívocos, errores y respetar el régimen legal vigente.

 El gobernante popular se debe al pueblo que lo elige.  Debe ser concordante con el mismo que representa y responder, sobre los lineamientos programáticos preestablecidos, consultándolo, en temas y asuntos, álgidos y relevante, admitiendo el resultado que arroje la consulta, en el debido cumplimiento, de disposiciones normativas, amparadas en constitución, leyes, tratados internacionales y convenios interadministrativos vigentes.

 Salirse los mandatarios de las reglas del marco institucional, es atentar o vulnerar la democracia e implementar dictaduras, disfrezadas de democracia, abrogándose atribuciones extremas y chocantes, persiguiendo y reprimiendo diferencias de opositores. Las diferencias fundamentadas en razones y viabilidades pertinentes, constituyen la sazón, que le da mejor gusto a las acciones democráticas y armoniza la popularidad, que sirven para amortiguar conflictos, vivir en cordialidad y paz colectiva. 

Existe predisposición en el gobierno del presidente Gustavo Petro, desde su inicio, con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de elaborar las tarjetas de Pasaportes, mediante contratación suscritas con en Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya última prorroga vence el 31 de agosto 2025. La Cancillería no dispone de cantidades suficientes de tarjetas Pasaportes, ordinarios y ejecutivos, para soportar una crisis, porque caprichosamente no quiere contratar con la citada empresa, que vienes elaborando en la prestación del servicio, desde hace muchos años. Si vetan la empresa, expongan y argumenten, los motivos que justifiquen, permitiendo la formalidad administrativa, del debido proceso y derecho de defensa, al procesado.

 Omitirlo o hacer lo contrario, expone a la nación a resarcir, pagos indemnizatorios futuros, por causas de daños y perjuicios. ¿Está la empresa Thomas Greg, inhabilitada o vetada, por acto administrativo o fallo judicial, por violación legal, para licitar y contratar con la nación, independientemente de quienes sean sus dueños? ¿Por qué decretaron desierta la licitación en el año 2022, cuando no había más proponentes para renovar el nuevo contrato y han venido suscribiendo prorrogas? La primera victima de este meollo, fue la directora de la Defensa judicial de la Nación, Martha Lucia Zamora, recordada en La Guajira, por la orden de captura que dictó como Fiscal, ante la Corte Suprema, contra el exgobernador Juan Francisco “kiko” Gómez Cerchar.

 La referida exfiscal, fue la secretaria general del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. También aspiraba ternarse para Fiscal General o Corte Constitucional. La segunda victima de gran valor fue la destitución del excanciller Álvaro Leyva Duran, por la Procuraduría General de la Nación, que ahora tiene en la mira investigativa a otros tres ministros: Laura Sarabia, Luis Gilberto Murillo y Alfredo Saade, que terminarán justificando sus actuaciones, en obediencia a lo ordenado por el presidente, aun cuando eso no lo exime de responsabilidad solidaria.

Paralizar la expedición de Pasaportes, por no querer contratar con la empresa que viene elaborando, sin disponer de un sustituto inmediato, es una situación preocupante, cuando diariamente deben entregar en el territorio nacional, unas 8000 tarjetas de Pasaportes, que difícilmente pueden cubrir, antes de ocho meses, la Imprenta Nacional de Colombia, enlazada con la Casa de la Moneda de Portugal. No pueden traducir omisión, obstrucción, obstinación  y  negligencia; del gobierno, con ninguna otra excusa, para no cumplir con las entregas de pasaportes, situación que puede salir muy cara, por causas caprichosa de un gobierno, frente a una empresa con tradición nacional, prestadora de variados servicios, relacionados con:  impresiones de formatos y documentos, depósitos de capitales, transporte de dineros y documentos de valores; contratista referenciadas, del Banco de la Republica, entidades financieras, sociedades industriales, comerciales y de servicios. 

Es necesario respetar los requisitos y protocolo, de contratación y concursos de mérito, en convocatoria de licitaciones publica, indiferentemente quienes participen, reconociendo al que cumplan con las condiciones establecidas en los pliegos licitatorios. Vetar personas naturales o jurídica, para negar el reconocimiento de derecho contractual, resulta contraproducente y genera daños y perjuicios, por responsabilidad de la administración de gobierno, que debe garantizar transparencia, imparcialidad y eficiencia, en la expedición continuada, del documento internacional, porque de paralizarse, en nada servirían escusas justificadoras, ni mucho menos, mentir y desatender, reclamos de usuarios, por morosidad en la expedición de Pasaporte, situación que debe prevenirse y evitarse, porque le resta puntaje al mandatario  popular. 

El presidente también se enfadó, por la adjudicación del contrato de la Registraduría, por más de dos billones de pesos, a la misma empresa vetada (Thomas Greg), para elaborar, proveer y suministrar; los formularios, tarjetas y demás impresiones, requeridas para las elecciones, de Cámara de Representante, Senado y Presidencia. El mandatario de Colombia, no solo cuestiona la contratación, sino que también desacredita las operaciones de la autoridad electoral competente, por supuestas sospechas imaginarias, relacionadas con las elecciones venidera, cuando no es la primera vez, que la citada empresa, viene prestándole los referidos servicios a la Registraduría, en distintos periodos incluidos la elección de presidente de Colombia 2022. 

Esta nación requiere con urgencia, entendimiento, comprensión, perdón, armonía y cordialidad; para erradicar y aplacar, el estado de violencia y agonía, en que vivimos, por falta de seguridad y control. En ausencia de gobierno, que atienda y resuelva, necesidades y problemas, de variados indoles, garantice a sus gobernados, protección, dialogo e inclusión; en programas participativos; facilitan por abandonos, oportunidades a organizaciones criminales al margen de la ley, para asumir a “motus propio” la autoridad, en veredas, comunidades, localidades rurales y barrios urbanos, ejerciendo la autoridad, controlando libertad y movimientos, sancionando y cobrando tributos o vacuna en los manejos de servicios y comercios, imponiendo el miedo con terrores y horrores, por el libre dominio que ejercen, en determinados territorios.

 Necesitamos alivio y afianzamiento, no más confrontaciones agrestes políticas, remembrando antecedentes trágicos y cuestionando a otras autoridades, que no les copian o complacen en decisiones y pretensiones. Menos manipulaciones, mantos de dudas, especulaciones e incertidumbres.  Estamos en SOS, con: oración, clamor, exhortaciones y la fe en Dios, procurando lograr paz, anhelada y querida; dependiendo de nuestra recia voluntad.