Fiscal Camargo promueve cambio de fiscales que ponen en riesgos millonarios bienes de exparamilitares

 

Le fueron arrebatados a muchos vinculados a la mafia y del inventario hacen parte valiosos predios intervenidos a ‘Memo Fantasma’ y a un político.

Por: Jorge González | septiembre 19, 2025

Una reforma en ciernes que incluiría traslados y relevos de fiscales de amplia experiencia representa hoy el riesgo de que el Estado colombiano pierda el control de cerca de 1.500 bienes por $3,5 billones intervenidos a las antiguas autodefensas y a otros grupos armados ilegales.

Funcionarios de la antigua Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y otras fuentes próximas a la Dirección de Justicia Transicional de la misma entidad explicaron, pidiendo expresamente no ser citados por sus nombres, que la idea de la Fiscal general, Adriana Camargo, sería trasladar a por lo menos cinco de los nueve fiscales especializados en el tema, con lo cual los que se quedan quedarían sobrecargados.

El traslado sería un punto de avanzada para que en el futuro cercano los procesos queden a cargo de otra Unidad, pese a que ya estaban a punto de ser llevados a la fase de audiencias ante los tribunales a la Unidad de Extinción de Bienes.

“El cambio representaría un grave error porque una nueva unidad tendría que empezar de cero a partir de la revisión de los expedientes y se perdería gran parte de los avances alcanzados hasta hoy”, le dijo a Las2Orillas una de las fuentes consultadas.

“No creemos, por supuesto, que la señora fiscal vaya a proceder de mala fe, pero está equivocada y alguien tiene que hacérselo saber”, comentó uno de los fiscales que trabaja para la institución desde comienzos de los años 2000 cuando se produjo a desmovilización masiva de paramilitares, en virtud de un acuerdo con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y surgió la Unidad de Justicia y Paz.

Los bienes que figuran en el inventario son valiosos y su extinción a favor del Estado fortalecería el Fondo de Reparación Víctimas.

Entre ellos hay algunos conocidos por la opinión pública por el efecto mediático que ha tenido su intervención. Figuran, por ejemplo, seis predios rurales situados en Rionegro y El Retiro, en Antioquia, que figuraban a nombre del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez pero que, a juicio de la Fiscalía, fueron obtenidos ilícitamente por el jefe paramilitar Vicente Castaño Gil. Su valor actual supera los $100.000 millones.

Desde julio de 2021, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso sobre esos bienes medidas cautelares con fines de extinción de dominio y los puso bajo administración del Fondo de Reparación de Víctimas.

Se encuentran también numerosas propiedades en Bogotá que estaban a nombre de Guillermo Acevedo, conocido como ‘Memo fantasma’. Una de esas propiedades es la Torre 85, cuyo valor supera los $15.000 millones.

El trámite actual de los casos ha demostrado ser ágil y en la mayor parte de ellos eficaz, ya que se trata, según expertos, de actuaciones atípicas que permiten que dentro de un proceso penal se pueda decretar la extinción de un bien, sin intervención de autoridades administrativas.

La Ley 975 1592 de 2012, que modificó la Ley de Justicia y Paz de 2005, estableció que en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa de declaratoria de extinción del derecho de dominio sobre los derechos principales y accesorios que recaigan sobre bienes destinados para la reparación, así como sobre sus frutos y rendimientos.

Entre los casos más exitosos resueltos hasta ahora figuran la extinción de los bienes del llamado ‘Bloque Central’ de las autodefensas. Se encuentra en el dosier la Finca Villa Blanca, ubicada a 602 kilómetros desde el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta, sobre la vía que lleva a Cumaribo Vichada, pasando por los corregimientos del viento. También el hato Catorce y Tres Matas, en la misma región, con un área de terreno de 1.552 hectáreas y más de 2.573 metros cuadrados en pastos.

También volvió a manos de las víctimas una mina de oro que servía de sustento a 200 familias que, en el 2003 cuando fue ocupada por las autodefensas, extraían de ella 20 kilogramos de oro al día. Los paramilitares la ocuparon con nuevos trabajadores llevados de Caucasia y Zaragoza, Antioquia. excluyendo de la actividad a la población de la zona. Hasta cuando llegó la mano de la justicia la mina era explotada por la sociedad Grifos1408, en cuya estructura societaria aparecía Rosa Edelmira Luna Cardona, esposa de Carlos Mario Jiménez Naranjo (‘Macaco’).

Fiscales que entonces obtuvieron esos logros quieren evitar ahora que cientos de bienes más vuelvan a manos de quienes alguna vez los usurparon a sangre y fuego.