Justicia politizada no es independiente ni imparcial

  

Por Martín Nicolás barros Choles.

Los poderes públicos de Colombia: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; son independientes para unos casos y dependientes o supeditados para otras, deformando el criterio que los caracterizan. El poder ejecutivo, en cabeza del presidente, es objeto y fuente de dependencias, retributivas, que viene operando desde hace mucho año, fraguados en coaliciones mayoritarias, utilizadas por los presidentes, para que les aprueben proyectos, de ley y actos legislativos, previa transacción económica.

 Las aprobaciones en el Congreso, tiene valor y costo económico, repartidos en miembros de bancadas politiqueras, que venden el voto de apoyo al poder ejecutivos, no obstante tener un buen sueldo, para garantizar efectividad. De lo contrario, congelan o niegan sin analizar la importancia prevista en el proyecto y los beneficios, que favorecerían a la gente. Cuando compran la mayoría del Congreso, aprueban, a pupitrazo limpio, los tramites negociados, sin ni siquiera saber el contenido de lo que aprueban, por que no se dan la tarea de leerlo y de consultar a sus asesores. 

La politización de la justicia, no es nada nueva. Compromete y desacredita, las tradiciones y antecedentes desastrosos, tasadas en precios o valores, que favorecen con aprobaciones y decisiones, en acciones, operaciones y manejos; a veces violatorias de normas legales. Apadrinar o financiar una elección, de Magistrados, de la Corte Constitucional, Procurador General, Contralor, entre otros, no es normal, ni ético. Sin embargo, predomina los intereses del mandatario. De la misma forma, ocurre con la elección del Fiscal General, en la Corte Suprema de Justicia, de terna, que remite y presenta, el presidente de la República. 

Con el acuerdo del Frente Nacional, suscritos, por los partidos, liberales y conservadores, para poner fin a conflictos políticos y sanear diferencias, traducidas en violencias, por la dirigencia partidistas residentes en la capital del país, Bogotá D C,  con el objeto de sellar la paz, sobre confrontaciones ideológicas partidistas, iniciada a finales del siglo XIX, durante la guerra interna de mil días y los asesinatos, de dos grandes líderes liberales, General Rafael Uribe Uribe, lo mataron de un hachazo en la cabeza, por detrás y Jorge Eliecer Gaitán, mediante disparos sicarial, en 1948. 

A partir año 1957, después de deponer el gobierno conservador de Laureano Gómez, dirigido por el general Gustavo Rojas Pinilla, asumiendo la presidencia, dando golpe de estado, a la cúspide conservador, conformada por: Ospina-Gómez-Urdaneta. Seguidamente se convocó un Plebiscito popular, avalando el acuerdo de paz y a la vez, reconociendo por primera vez, el derecho ciudadano a las mujeres, cedulándola para que participaran en la elección popular en igualdad que los hombres.

 Se acordó en los dos partidos, gobernar durante cuatro periodos, dos periodos alternativos, liberales y conservadores, iniciando en el año 1958, con el presidente Alberto Lleras Camargo, le siguieron: Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y terminó con Misael Pastrana Borrero año 1974. También aprobaron compartir el 50%, de los miembros del poder legislativo, Cámara Y Senado y de la misma forma, el Poder Judicial, jueces, magistrados y dependientes. Los tres citados poderes, debían cumplir compromiso acordado, en igualdad y equidad burocráticas, en todas las instituciones publica, por un periodo de 16 años. Así se inició la politización de la justicia.

  

Se ha vuelto una costumbre en el poder ejecutivo, absorber y meterse en el bolsillo, además del poder legislativo, el Poder Judicial, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, entre otras. La finalidad de abarcar todos los poderes, órganos disciplinarios, ficales y penales,  para hacer y deshacer, sin intervención, controles, ni objeciones, de ninguna  autoridad competente, que frenen: abusos, arbitrariedades y  corrupción; del poder ejecutivo en los servicios públicos; quedando demostrado la falta de independencia, por motivo de subordinación, amparo y protección; en contradicción, de funciones, atribuciones y facultades; potestativas, que omiten ejercerla o ignorarlo, en procura de favorecimientos dudosos, quedando en el aire, las garantías en la prestación del servicios, por falta de confianza, parcialidad y estabilidad funcional. 

Un presidente que ejerza conforme a las normatividades, constitucionales y legales vigentes, de manera transparente y eficiente, no tiene necesidad, de patrocinar, ni financiar, compras de votos, a congresistas torcidos, que se venden, con burocracias, contrataciones o capital efectivo, para votar, por determinado candidato, de elección a su cargo y competencia. 

El presidente Gustavo Petro, está incurriendo en lo mismo, que antes en oposición, cuestionaba. Pedir la renuncia de tres ministros, porque los partidos representados en el gobierno, no correspondieron con el voto en favor de la elección del ultimo Magistrado, de la Corte Constitucionales, que tuvo ganador al ex Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Aasis, pero el presidente Petro, se inclinaba en la terna remitida por la Corte Suprema, por la abogada, María Patricia Balanta Medina, quien tuvo una diferencia en contra de 21 votos, frente al ganador, son viejas y rancias, costumbres politiqueras, que se esperaban cambiar y superar, en este gobierno, pero sigue en las mismas de sus antecesores. 

 La derrota del gobierno de Gustavo Petro en el Senado, ha originado causa de enojo al presidente. ¿Podrá constituir una elección de magistrado, motivo de tormenta y crisis política, en el poder ejecutivo, cuya competencia, corresponde a otros poderes, que se presumen “independiente”? ¿Qué se perdió o que perseguían con ganar un nuevo magistrado de la Corte Constitucional? Poderes sin equilibrios terminan en desastres por abusos.

En los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque Márquez y el actual gobierno de Gustavo Petro, han mostrado mayor interés, de tener la Administración de Justicia o Poder Judicial, bajo su dominio y apoyos non-santo. Cuando no logran tenerlo de algunas cortes o consejos, despotrican de las decisiones. No podemos olvidar el espionaje que direccionó uno de nuestros presidentes, ordenando instalar micrófonos y cámaras en salas de la Corte Suprema de Justicia. Ese presidente le correspondió a los paramilitares, entregando cuotas burocráticas. El Das, nombrando a Jorge Noguera Cotes y en la Fiscalía General, Luis Camilo Osorio, por contribuir a elegirlo presidente, en una sola vuelta. La Fiscalía la utilizan en doble vía. Una para perseguir y empapelar, a opositores y detractores. De otro lado, tapar, tapar, proteger y sellar impunidad. 

La institucionalidad judicial, ha perdido confianza popular, por favorecer hechos y acciones cuestionables e implícitas de ilicitudes y prácticas de corrupción, como se descubrió en el cartel de las togas, conformados por magistrados, encargados de negociar ventas de sentencias o fallos judiciales, configurando graves faltas en el ejercicio de funciones publica, colocándose en entre dichos, por circunstancia de inmoralidad. Esto es una parte, de las consecuencias que se originan en la politización de la justicia y el hábito continuo de corrupción permanente.

¿Qué buen futuro se puede esperar de gobiernos corruptos, justicias parcializadas y periodismo, desinformativo, disociador y manipulador; carente de objetividad y seriedad, frente a una sociedad insegura, desprotegidas y saturadas de violencia, de toda índole, incrementándose por falta de control y soluciones de autoridades?