Salud y pensión en el limbo

 

Por Martín Nicolás Barros Choles

                                                      

La salud sigue en cuidados delicados, por causas de desplanificación estructural, mala fe y corrupción. Esta última, constituye una desgracia, político-social, intentando algunos resolver la gravedad de problemas, con improvisaciones en la administración de intervenciones en salud, sin que se hayan mejorado el mal estado que padece, causando daños y perjuicios, a usuarios que sufren los defaces y crisis, por motivos vacíos y turbios, que lo embarga, originando: desatención, desajuste y precariedad, en operaciones de servicio salud.

No tiene justificación alguna, la morosidad, en los pagos de salarios, correspondiente a servicios de salud, que compromete, médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, aseadoras y todos aquellos, que de una u otra forma, integran globalmente las estructuras de servicios en establecimientos de salud.

Los primeros que se deben cumplir, son las obligaciones laborales, suministros de drogas, procedimientos y demás; atenciones emergentes que deben cubrirse mensualmente con los aportes que reciban, por distintos conceptos determinados, amparados en presupuestos anuales, con reserva de fondo, transferencias de recursos económico de la nación y ventas de servicios, conforme a disponibilidad proyectadas. El incumplimiento consecutivo en los pagos mensuales, es motivos de degradación y censura, generando desatención, omisión y deterioro, en asuntos de salud, poniendo en peligro la vida humana de usuarios.

Se han presentando reformas en salud y presión, pero no se ha logrado aprobar, la primera en la Comisión Séptima del Senado y la de pensión que fue  aprobada por el Congreso y promulgada, por el presidente, esta corriendo la mala suerte de que sea declarada Inexequible, según el proyecto de sentencia de revisión, radicado por el Magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien funge como presidente de la Corte Constitucional, hasta el mes de diciembre, el mismo magistrado que hecho por tierra todos los decretos expedidos  por el presidente Gustavo Petro en La Guajira, con la declaratoria de emergencia de salud. El aludido Magistrado ha buscado de todas las formas, de tumbar la ley de presión, que reconoce a adultos mayores la suma de $230.000 mensuales, superando el monto de $80.000, que antes venían recibiendo

.El Magistrado Ibáñez Najar, cuando tuvo conocimiento que su ponencia de tumbar la citada ley, iba ser derrotada en Sala General de decisión, con 5 magistrados en favor de las pensiones, contra 4 en contra,  expidió un auto para darle tramite a recusación contra un Magistrado que había sido postulado por  el gobierno de Petro, Héctor Carvajal, la cual prospero, por un contrato de prestación de servicio, al operador de pensiones, Colpensiones, tocándole obligatoriamente retirarse del debate, quedando 8 magistrados,  presentándose un empate, obligando sortear un conjuez, el cual fue seleccionado, en la persona del abogado, Carlos Pablo Mario Marquez,  para que defina la surte de las pensiones en Colombia.

Dios quiera que antes de hundir la ley de pensión, por supuesto vicios de tramites, en la aprobación en el Congreso, acusada por la senadora Paloma Valencia, de oposición, a la cual pertenece el Magistrado ponente, postulado por el expresidente Iván Duque Márquez- No obstante recibir actas y demás documentos requeridos, de las secciones donde se debatió y aprobó la ley, por mayoría certificada, pero según su criterio personal, incurrió en faltas de formas, pero no de fondo, que es lo verdaderamente tiene importancia. Los fondos privados de Pensiones y Cesantías, piden a la Corte Constitucional, no declarar inexequible la ley, confirmándola, para estabilizar la vigencia de la misma y terminar con la incertidumbre que empaña

Las causas y motivos, de estar en el limbo las dos reformas, es la polarización enfrascadas en que se encuentran, gobierno y oposición, originando atajos, bloqueos y saboteos, tendiente a generar fracaso al mandatario, cuan lo que se requiere con urgencia, es soluciones, mediante concertación y acuerdos, para evitar daños colaterales, que afectan y perjudican a muchas personas. Nada se ganan con confrontaciones nocivas para la sociedad, por quienes aparentan representarla, sin que reflejar, hechos, precedente y antecedentes positivos, resaltables, que dignifique sus labores meritorias. Encarnizarse en insultos, ofensas, criticas y zancadillas; es totalmente contraproducente, con el progreso y el bienestar en convivencias.

La corrupción predomina prevaleciendo los intereses particulares, sobre el interés general, perjudicando a quienes necesitan, de atención y prestación oportuna de servicios de salud. Donde se roban los recursos destinados a programas de prestaciones de servicios e inversiones, nunca se cumple el objetivo previsto y nada pasa, por la tapa, tapa y archiva, de autoridades competente, compartiendo por retribución económica, prácticas de corrupción, como ha ocurrido en servicios de salud.

 No se concibe que con los recursos presupuestados destinado a servicios de salud, no se presten un servicio de calidad, por culpa de las EPS, que no les cumple obligaciones a IPS, desvían los recursos destinados al cumplimiento de pagos de obligaciones: laborales, proveedores, servidores y otros; en compras de equipos y construcciones inmobiliarias, para monopolizar servicios rentables de salud, lo que ha conllevado a tener pésimos servicios o de mala calidad en atención.

La gravedad en el sistema de salud se reflejas en las constantes quejas por diferentes motivos originando, más de un millón y medio, de tutelas, ordenando cumplimientos de servicios, pero a la vez, se convirtió en un gran negocio, para desangrar la nación, inflando costos ordenados por tutela, desde que inicio la vigencia de la ley 100 y no ha sido superado, durante el periodo de este gobierno.

 Lo curioso de quienes gobernaron con anterioridad al actual gobierno, del presidente Gustavo Petro, culpen del fracaso, al actual presidente, porque en campaña presidencial se comprometió, con cambios que no se han visto, de ahí que la oposición, le atribuyen todo el mal estado de la salud, a la actual administración de este gobierno, que ha dado palo de ciego durante el periodo, pero no es cierto, cargarle toda responsabilidad y desacierto en salud. Las pasadas administraciones no pueden negar las apropiaciones ilícitas de recursos de salud, desestabilizando las operaciones, limitando y manipulando; servicios generales y especiales, dilatándolo y negando drogas prescritas, cirugías, hospitalizaciones, laboratorios, rayo X, terapias, entregas de elementos medicados entre otros, para obligar a pacientes o familiares, a presentar acción de tutela.