El "Caso Abudinen", "Escándalo de Centros Poblados" , recordando el pasado II
El "Caso Abudinen" o "Escándalo de Centros Poblados" fue un fraude de corrupción política en Colombia destapado en 2021. Involucró la adjudicación irregular de un contrato de $1.07 billones de pesos del Ministerio de las TIC (MinTIC). El objetivo era instalar internet en más de 7,000 escuelas rurales del país. La entonces ministra Karen Abudinen enfrentó una fuerte presión pública y política que la llevó a renunciar a su cargo. El proceso judicial continúa activo con decisiones recientes sobre su patrimonio.
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| En la imágen, el ex presidente Iván Duque y su ministra Karen Abudinen. |
Karen Abudinen y el escándalo de Centros Poblados
El caso: Durante el gobierno de Iván Duque (afín al uribismo), Abudinen estuvo al frente del Ministerio de las TIC. Fue la principal responsable política del contrato de \(\$1.07\) billones adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados, del cual se robaron un anticipo de \(\$70.000\) millones destinados a conectar escuelas rurales.Situación actual: Un juez ratificó su responsabilidad por falta de control y vigilancia sobre el contrato. La Fiscalía General de la Nación ha iniciado procesos de extinción de dominio sobre sus bienes. Paradójicamente, su partido de origen y ciertos sectores del Centro Democrático también le exigieron la renuncia en su momento.
- Contrato irregular: El MinTIC adjudicó la licitación a la Unión Temporal Centros Poblados.
- Garantías falsas: El contratista presentó pólizas bancarias falsas para ganar la licitación y asegurar el dinero.
- Pérdida del anticipo: El Estado desembolsó un adelanto de $70.000 millones de pesos (con un detrimento indexado de más de $84.000 millones).
- Destino del dinero: Los recursos fueron malversados por una red criminal articulada por el contratista Emilio Tapia. [1, 2, 3, 4, 5]
- Responsabilidad solidaria (Mayo 2026): Un juez de control de garantías ratificó que Abudinen tiene una presunta responsabilidad solidaria por el detrimento patrimonial del Estado. La justicia determinó que su deber de vigilar y controlar el multimillonario contrato no quedaba anulado por haber delegado funciones.
- Embargo de bienes: Bajo esta premisa de omisión en el control del gasto, la Fiscalía mantiene medidas cautelares y el embargo preventivo sobre su apartamento familiar en Barranquilla.
- Exoneración disciplinaria (Septiembre 2024): La Procuraduría General de la Nación archivó de forma definitiva la investigación disciplinaria en su contra. El órgano argumentó que ella no participó directamente en la elaboración de pliegos, aprobación de pólizas ni en el engaño del contratista.
- Calidad de víctima: En las primeras etapas del proceso penal general, la defensa de Abudinen logró que un juez la reconociera formalmente como víctima de engaño por parte de los contratistas. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
- Emilio Tapia: Cerebro en la sombra de la contratación irregular, condenado a más de seis años de prisión por este caso.
- Luis Fernando Duque: Representante legal de Centros Poblados, procesado por falsedad en documento y fraude.
- Expropiación de bienes: La Fiscalía General de la Nación ha ocupado decenas de propiedades y bienes lujosos de los contratistas implicados para intentar recuperar los fondos públicos perdidos.
l Caso Centros Poblados, también conocido como "caso MinTic" o "escándalo Abudinen", se refiere a un caso de corrupción política en Colombia denunciado en agosto de 2021, en el que la Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, Karen Abudinen, fue denunciada por participar en procesos irregulares de contratación pública de tecnologías de conectividad e implementación de cobertura de internet en escuelas de zonas rurales de Colombia; el Ministerio MinTIC que ella dirigió adjudicó un contrato por valor de un billón de pesos colombianos (250 millones de dólares USD) al contratista Unión Temporal Centros Poblados, que no contaba ni con la experiencia ni con las capacidades técnicas para ejecutar ese contrato, y que durante el proceso presentó tres pólizas de cumplimiento falsas. A pesar de las denuncias en los medios de comunicación, el Ministerio MinTIC de Karen Abudinen logró girar al contratista un anticipo por 70.000 millones de pesos colombianos (17,5 millones de dólares USD); el contratista incumplió el contrato, el dinero fue sacado del país y depositado en las cuentas bancarias de dos empresas, una con sede en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos de América, y otra con sede en la ciudad de Barranquilla, Colombia.[1][2][3][4][5]
Primeras denuncias
El 2 de diciembre de 2020, durante el gobierno de Iván Duque, medios de comunicación como la W Radio denunciaron irregularidades en el proceso de contratación para brindar internet a miles de escuelas rurales colombianas de las zonas más apartadas del país; se advirtió sobre un funcionario activo del MinTic de la ministra Karen Abudinen, Camilo Valencia Suescún, quien era a la vez apoderado de uno de los proponentes del proceso de licitación para ese contrato.[2] Esta situación evidenció un conflicto de interés en el que uno de los proponentes interesados era representado por un asesor del despacho Ministerial; la respuesta a esta irregularidad por parte de algunos de los participantes de la licitación fue presentar una recusación contra la ministra Karen Abudinen; la recusación fue rechazada por el consejo de ministros del presidente Iván Duque.[3]
El 9 de diciembre de 2020 la W Radio denunció que el MinTic de Karen Abudinen había habilitado al proponente Unión Temporal Centros Poblados para participar del proceso de licitación, a pesar de no tener experiencia en gestión de redes de internet y de estar conformado por empresas con patrimonios muy bajos; además algunas de estas empresas habían sido denunciadas por incumplir contratos de obras públicas.[6] Lo anterior generó una brecha de duda sobre la transparencia del proceso de selección del contratista.
El 10 de diciembre de 2020 la periodista de la W Radio Paola Herrera, denunció que la licitación establecía que el ganador sería el proponente que prometiera hacer más conexiones a internet, no el que tuviera mayor capacidad o experiencia; esto creó una situación en la que el contrato muy probablemente sería adjudicado a un proponente que no podría cumplir; frente a esto la ministra Karen Abudinen declaró: "no hay malos contratistas, sino malos supervisores";[7] más aún, las irregularidades fueron negadas por la ministra de manera reiterada;[8] finalmente, el Contrato de Aporte No. 1043 de 2020 fue suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados, este último como contratista encargado de ejecutar un billón de pesos (unos 250 millones de dólares) para llevar internet a 7277 escuelas rurales de Colombia.[9]
Se trató de un contrato cuantioso y de complejos requisitos técnicos adjudicado a una unión temporal sin experiencia ni logística en temas de conectividad a internet; tuvo lugar en un momento crítico como lo fue la pandemia del COVID19, que llevó a los estudiantes a asistir a clase de manera remota, por lo que era crítico que en las zonas apartadas tuvieran conexión a internet; la ministra Abudinen insistió en defender su gestión y la idoneidad del contratista elegido, y declaró en entrevista con Juan Diego Alvira de Noticias Caracol: "si no cumplo, me llevan al cementerio"; además se comprometió a volver al set del noticiero en caso de un incumplimiento contractual.[10][11]
Incumplimiento y pólizas falsas
El 16 de junio de 2021 la W Radio denunció que seis meses después de iniciada la ejecución del contrato, y de haber recibido un anticipo por 70.000 millones de pesos colombianos ($17.5 millones de dólares USD), la Unión Temporal Centros Poblados aún no había instalado ni un solo punto de internet.[12] Se realizó una audiencia de seguimiento al incumplimiento del contrato, a la que asistieron los representantes del Banco Itaú Colombia y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC; el MinTIC planteó siniestrar la Póliza de Cumplimiento del Contrato que garantizaba que, de no cumplir el contrato, el contratista estaba obligado a devolver el valor del anticipo; la póliza en poder del MinTIC parecía haber sido emitida por el Banco Itaú Colombia; sin embargo, el representante del Banco Itaú Colombia declaró que el Banco no había expedido ninguna póliza y que la garantía bancaria presentada como Póliza de Cumplimiento era falsa, por lo que el contratista incurrió en falsedad de documento; el MinTIC anunció acciones legales contra el contratista; los detalles de la audiencia de seguimiento fueron denunciados por la periodista Paola Herrera el 25 de junio de 2021.[13]
A finales de julio de 2021, La W Radio denunció que no hubo solo una póliza falsa, como afirmó el MinTIC en la audiencia de incumplimiento del contrato, sino que en total habían sido tres pólizas falsas presentadas y aceptadas por el Ministerio MinTIC.[14]
En julio de 2021 el Ministerio MinTIC abrió un proceso para declarar la Caducidad del Contrato contra el contratista Unión Temporal Centros Poblados, debido al incumplimiento contractual evidenciado, y a la presentación de Pólizas de Cumplimiento de Contrato falsas para ganar la licitación; para su defensa el contratista decidió contratar al abogado Jorge Pino Ricci, conocido por su relación cercana con Miguel Nule Velilla, contratista vinculado al escándalo del Carrusel de la Contratación.[15] A través de su abogado el contratista Unión Temporal Centros Poblados intentó aplazar en varias ocasiones el trámite del proceso de Caducidad del Contrato; no obstante, el 19 de julio de 2021 se declaró la caducidad,[16][17] lo que significó que el contrato finalizó inmediatamente, y se hizo efectiva la cláusula penal por el valor de treinta y nueve mil quince millones de pesos ($39.015.000.000), aproximadamente doce millones de dólares.[17]
El 5 de agosto de 2021 se reportó que el ministerio MinTIC abrió una investigación a la firma interventora del contrato, consorcio PE 2020 C Digitales, conformado por las empresas Telemediciones, PMO Solycom S.A.S. y Eurocontrol S.A. sucursal Colombia; el contrato de interventoría tenía un valor de $19.000.000.000 COP, y esta firma estaba encargada de verificar en el terreno, si la Unión Temporal Centros Poblados efectivamente estaba instalando los puntos de internet como estaba contratado; además, la interventoría tenía también la función de recibir de la Unión Temporal Centros Poblados los soportes correspondientes, como requisito para posteriormente entregar al MinTIC los conceptos, favorables o desfavorables, para la entrega de los anticipos; en este caso de corrupción la interventoría entregó al MinTIC los conceptos favorables, dando así aprobación al desembolso de los anticipos a pesar de que el contratista Unión Temporal Centros Poblados no entregó los soportes correspondientes; la firma interventora aprobó dos desembolsos y por eso el MinTIC de Karen Abudinen logró realizar un primer desembolso por $70.000.000.000 COP ($17,500,000 USD).[18][19]
De acuerdo al reporte de los medios de comunicación, del total del dinero del anticipo ($70.000.000.000 COP), $58.300.000.000 COP fueron depositados en las cuentas bancarias de la empresa Nuovo Security LLC en Delaware; el resto del dinero, $11.900.000.000, fue depositado en las cuentas de la empresa INSELSA S.A.S. con sede en Barranquilla.[20][19]
El 19 de agosto de 2021 el diario El Espectador informó que el empresario Efraín Eduardo González Hamburger, uno de los fundadores de la empresa Nuovo Security LLC, al enterarse por los medios de comunicación que la empresa estaba bajo investigación, denunció ante la Fiscalía General de la Nación de Colombia que su socio, Juan Carlos Cáceres Bayona, negoció el contrato para proveer equipos a la Unión Temporal Centros Poblados; en el documento producto de esta negociación Cáceres falsificó la firma de González con el fin de gestionar la sociedad Nuovo Security LLC; Nuovo Security LLC es una empresa cuya actividad económica es la venta e instalación de cámaras de seguridad; también realiza comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones; tiene filiales en Barranquilla (Colombia) y en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos de América).[21][22]
Ese mismo día se reportó que el abogado y empresario Emilio Tapia estaba implicado en el Caso Centros Poblados; Tapia es el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros, que hace parte de la Unión Temporal Centros Poblados,[23] y es conocido por ser uno de los protagonistas del saqueo a las arcas de Bogotá, cuando hizo parte del denominado "Carrusel de la Contratación".[24][25] Según el expediente de la Fiscalía, Juan Carlos Cáceres Bayona era dueño de la empresa Nuovo Security LLC y, junto a Emilio Tapia, tenían el control de todas las empresas que hacían parte de la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros, Novotic, Intec de la Costa y Omega Building S.A.S.[26] Otro involucrado en el escándalo fue el empresario de la costa Caribe Ottomar Lascarro Torres, quien controlaba dos de estas empresas, utilizadas para que Emilio Tapia lograra adjudicarse el contrato con el ministerio MinTIC: Omega Building S.A.S. e Intec de la Costa.[27]
El 24 de agosto de 2021 se denunció que la póliza falsa que amparaba el pago de varios millones de dólares, había sido revisada y aprobada en el MinTIC de Karen Abudinen en solo 18 minutos; los encargados de la verificación en el MinTIC no corroboraron la información sobre las pólizas.[28]
El 24 de agosto de 2021, el juez Alberto Mario Ospino, del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, Atlántico, en respuesta a una acción de tutela presentada por el abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, ordenó suspender la Caducidad y continuar con el Contrato.[29] Está situación generó gran indignación en el país porque la tutela no se presentó en Bogotá D.C., ciudad donde se firmó el contrato, si no en el apartado pueblo de Puerto Colombia, donde solo hay un juez promiscuo, ubicado en el área de influencia de los propietarios de las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados; de esta misma zona es originaria la Ministra de las TIC Karen Abudinen, y esto generó fuertes sospechas sobre el trasfondo de ese fallo judicial; la decisión judicial se conoció a nivel nacional y en respuesta a esto, el juez promiscuo procedió con rapidez a revertir su propia sentencia al declarar improcedente la acción de tutela, y al día siguiente 25 de agosto de 2021, volvió a estar vigente la Caducidad del Contrato.[30]
El 27 de agosto de 2021, el Banco Itaú Colombia confirmó nuevamente que todos los amparos (pólizas) presentados por la Unión Temporal Centros Poblados eran falsos, y denunció que no correspondían en ninguna forma con los documentos originales que emite el Banco, siendo burdas falsificaciones; el Banco Itaú ha ratificado esto en varias ocasiones.[31] Frente a esto la Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen se defendió declarando: "Hemos sacado a gente, por lo menos ocho personas han salido de diferentes áreas."[32]
El 28 de agosto de 2021 el representante legal de la firma interventora del contrato, Eliécer Mora, y su apoderado, Ernesto Matallana, declararon que participaron en el desembolso del anticipo; además aseguraron que la Unión Temporal Centros Poblados cumplió con los requisitos previstos en el contrato para acceder al dinero.[33]
A inicios de septiembre más funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Colombia MinTIC fueron separados de sus cargos; no obstante, creció el descontento general y se volvieron más frecuentes las solicitudes de renuncia de la ministra.[1]
Moción de censura y renuncia de la ministra Abudinen
En agosto de 2021, cuando el escándalo ya había escalado a nivel nacional e internacional, incluyendo una controversia por el uso del apellido de la ministra como sinónimo de robar (abudinear), situación que incluso fue registrada por la RAE,[34] varios representantes a la cámara, especialmente del partido alianza verde, citaron a un debate de moción de censura a Abudinen.[35]
El debate tuvo lugar el viernes 3 de septiembre de 2021 y fue programado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias; en él se presentaron fuertes enfrentamientos entre los representantes del partido verde (citantes) y miembros del gobierno de Iván Duque y del partido político centro democrático. Karen Abudinen asistió al debate y se defendió airadamente, afirmando que ella no tenía nada que ver con la corrupción que había acontecido; amenazó con entablar acciones legales contra los congresistas que la calificaron de corrupta o incompetente.[36] Sin embargo, días después se retractó.[37]
Por solicitud de Henry Antonio Anaya Arango, presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, el 6 de septiembre de 2021 la Procuraduría General de la Nación, abrió una investigación contra la ministra Karen Abudinen y Adriana Mesa Consuegra, secretaria general del ministerio MinTIC; esta actuación disciplinaria se realizó para determinar si tuvo responsabilidades disciplinarias por las irregularidades en la etapa precontractual de la licitación pública Centros Digitales, y en la firma y ejecución del contrato suscrito con el contratista Unión Temporal Centros Poblados.[38][39]
A pesar de contar abiertamente con el respaldo del gobierno de Iván Duque, poco a poco los partidos de las mayorías parlamentarias del gobierno empezaron a apoyar la moción de censura en contra de la ministra Abudinen, principalmente por la gravedad del escándalo y la cercanía de las elecciones de 2022.[40] Esta situación obligó al presidente Iván Duque a pedirle la renuncia a la ministra, para que saliera del cargo antes de ser removida por los parlamentarios.[41] El 9 de septiembre de 2021, un día antes de la votación, Abudinen anunció su renuncia irrevocable.[42]
El 10 de septiembre de 2021 la Cámara de Representantes votó la moción de censura contra la ministra Karen Abudinen; de 153 representantes a la Cámara asistentes a la sesión, sólo 86 votaron, 53 dieron su voto positivo para censurar a la ministra y 30 votaron por el no; sin embargo no se alcanzó el quorum necesario para aprobar la moción de censura.[43]
El 20 de septiembre de 2021 la Fiscalía General de la Nación ejecutó varias órdenes de captura como parte del proceso de investigación por el Caso Centros Poblados; la lista de capturados incluyó a Juan José Laverde, representante de Rave Agencia de Seguros, empresa que tramitó las garantías bancarias falsas; también fue capturado Emilio Tapia, dueño de ICM Ingenieros, empresa que hace parte de la Unión Temporal Centros Poblados; el tercer capturado es Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados.[44]
Dinero robado y condenados
Dinero robado
El 13 de agosto de 2021 el presidente Iván Duque afirmó que se recuperaría todo el dinero entregado a la Unión Temporal Centros Poblados.[45] No obstante, en enero de 2022 la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC Carmen Ligia Valderrama, quien fue nombrada en reemplazo de Karen Abudinen, manifestó en los medios que "la plata no se ha recuperado y están en el proceso de recaudar esos dineros."[46][47] El 7 de marzo de 2024 el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, Mauricio Lizcano, afirmó que solo se habían recuperado $2.000.000.000 COP, de los $70.000.000.000 COP robados en el Caso Centros Poblados.[48]
Juan José Laverde Martínez
El 10 de julio de 2023 la juez 40 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó a 4 años de prisión a Juan José Laverde Martínez, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado; Laverde firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que se le impuso una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 30 meses para ejercer funciones públicas; además se comprométió a reintegrar $186.739.959 COP, correspondientes al dinero que recibió por su participación.[49]
Las pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron demostrar que Laverde aprovechó su condición de representante de una compañía de seguros (Seguros Rave), para entregar una póliza falsa y tres garantías bancarias falsas para cumplir con los requisitos que exigía el contrato; estuvo detenido 22 meses que incluyen la medida de detención domiciliaria en su apartamento de El Poblado, en Medellín; tras la condena, la juez le concedió la suspensión condicional de la pena, que es prácticamente la libertad condicional; su defensa busca un principio de oportunidad por el delito de enriquecimiento ilícito.[50] Laverde aportó información relevante que terminó con la captura de Emilio Tapia y Luis Fernando Duque.[49]
Luis Fernando Duque Torres
El 19 de julio de 2024 la W Radio reportó que Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, fue condenado a 52 meses de prisión (4 años y 3 meses) al aceptar haber cometido los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación agravado en favor de terceros; además debe pagar una multa de $7.710.256.773 COP; el fallo fue pronunciado por el juez 47 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, quien avaló el acuerdo suscrito entre Duque y la Fiscalía General de la Nación; por indicación del juez, se deberá descontar de la pena el tiempo que Duque ha estado privado de la libertad en razón de este proceso.[51]
Unión Temporal Centros Poblados, firma interventora y proveedor de equipos
El 22 de octubre de 2024 la Contraloría General de la República emitió un fallo fiscal contra los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, la empresa interventora del contrato y el proveedor de equipos del mismo, que deben pagar al Estado Colombiano una suma de $87.027.000.000 COP.[52][53]
Karen Abudinen
El 24 de septiembre de 2024 la Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Margarita Cabello Blanco, determinó el archivo definitivo del proceso de investigación disciplinaria contra la exministra Karen Abudinen; aunque en la solicitud de investigación disciplinaria se mencionaron irregularidades que tuvieron lugar bajo la supervisión de Karen Abudinen, como la modificación de los términos de la licitación, la división del país en dos regiones para reducir los requisitos financieros, y la eliminación de la condición de experiencia mínima para los participantes, la Procuraduría de Margarita Cabello eximió a la exministra de cualquier responsabilidad disciplinaria en el Caso Centros Poblados.[54]
Emilio Tapia
El 19 de diciembre de 2024 Emilio José Tapia Aldana fue condenado a seis años y tres meses de prisión después de aceptar su participación en el Caso Centros Poblados y en irregularidades contractuales con las Empresas Municipales de Cali (Emcali); firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en aceptación de los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado; en este preacuerdo se comprometió a devolver $5.063.000.000 COP del dinero que obtuvo con su participación en estos casos.[55]
Tapia cumplía su condena en la Cárcel del Bosque en Barranquilla, sin embargo el día 11 de abril de 2025 Claribel Onisa Fernández Castellón, juez primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla le concedió la libertad condicional por 27 meses y 20 días, argumentando que había cumplido con las 3/5 partes de su condena; la Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección del procurador Juan Gregorio Eljach Pacheco, apeló la decisión y solicitó revocar la medida de libertad condicional; la Procuraduría argumentó que Tapia es "indigno del beneficio concedido" y no podía recibir el beneficio de libertad condicional, debido a que se encuentra "condenado por hechos punibles cometidos durante el tiempo de reclusión", como se encuentra dispuesto en el artículo 150 de la ley 65 de 1993 o Código Penitenciario y Carcelario.[56][57]
El 15 de abril de 2025 el procurador delegado Antonio Padilla Oyaga manifestó en Barranquilla ante la juez Claribel Onisa Fernández Castellón que: "El señor Emilio Tapia no puede quedar en libertad porque reincidió en delitos asociados a actos de corrupción y la justicia lo condenó por ellos", y a continuación citó el artículo 150 de la ley 65 de 1993 o Código Penitenciario y Carcelario: "En caso de condenados que se encuentren sindicados o condenados por hechos punibles cometidos durante el tiempo de reclusión, no podrán gozar de los beneficios de establecimiento abierto". Los medios de comunicación informaron que durante esta diligencia la juez Claribel Onisa Fernández Castellón se apartó de los argumentos del representante de la Procuraduría; adicionalmente, se hizo de conocimiento público que la juez Fernández Castellón demoró, más allá de los tiempos procesales, el trámite del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación; por estas razones la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico le inició un primer proceso de investigación disciplinaria, para establecer si su decisión estuvo mediada por una circunstancia ajena al derecho y a la ética.[58][59]
Tapia fue recapturado el día 30 de octubre de 2025 en la Clínica Altos del Prado, en el norte de Barranquilla, por los agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), por orden de captura emitida por el Juzgado 15 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá y puesto a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla.[60][61]
El 16 de diciembre de 2025 Claribel Onisa Fernández Castellón, juez primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, otorgó de nuevo la libertad condicional a Emilio Tapia con el argumento de que el condenado demostró buena conducta en la cárcel de El Bosque de Barranquilla.[62] En respuesta a esto, la magistrada Yessica Paola Guerrero García, presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, compulsó copias en contra de la juez Claribel Onisa Fernández Castellón; se trata de la segunda compulsa de copias para que la juez Fernández Castellón sea investigada disciplinariamente por sus determinaciones en favor de Emilio Tapia.[63][64]
Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona
El 12 de agosto de 2024 se reportó que el empresario Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona negoció un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, que entregaba beneficios a Cáceres a cambio del pago de $12.062.000.000 COP, y de servir como testigo en contra de los demás implicados en el caso de corrupción: Luis Fernando Duque, Emilio Tapia y Ottomar Lascarro; sin embargo, dado que Luis Fernando Duque y Emilio Tapia ya fueron condenados, Cáceres Bayona ya no sería testigo en su contra y, por lo tanto, el principio de oportunidad debía ser ajustado.[65] El 8 de abril de 2025 la W Radio reportó que el juez 78 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad para Bayona; éste le brinda inmunidad total por el delito de peculado por apropiación por un año; además se convierte en testigo de cargo contra Ottomar Lascarro y se compromete a devolver $9.062.000.000 COP del dinero robado en el caso centros poblados; Cáceres Bayona ya reintegró $3.800.000.000 COP y se comprometió a pagar el excedente en cuotas periódicas.[66]
Ottomar Lascarro Torres
El 23 de febrero de 2022 la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el empresario Ottomar Lascarro Torres, por los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado.[67] De acuerdo a la Fiscalía, Lascarro Torres exigió un pago de $4.000.000.000 COP a cambio de vender de manera fraudulenta la experiencia técnica necesaria para que la Unión Temporal Centros Poblados cumpliera con este requisito del proceso contractual.[27]
Medida de extinción de dominio
El lunes 22 de diciembre de 2025 tuvo lugar un operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación bajo la dirección de la Fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón, en el que agentes de la policía judicial ejecutaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, a propiedades de Karen Abudinen, Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque, así como de algunos de sus familiares, todos ellos implicados en el escándalo de corrupción de centros poblados.[68] José Iván Caro Gómez, Jefe de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía, declaró ante los medios que los 23 bienes cobijados por las medidas de extinción de dominio están avaluados en $65.900.000.000 COP ($17,300,000 USD).[69]
El funcionario manifestó que los bienes afectados se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, y corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios; los bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas detectadas al examinar el proceso de contratación, y a partir del anticipo recibido de manera irregular por la unión temporal.[70
Las investigaciones de la Fiscalía permitieron establecer que en algunos casos se habría presentado una mezcla de recursos lícitos e ilícitos, motivo por el cual se aplicaron las causales de equivalencia, mezcla y destinación, contempladas en la legislación sobre extinción de dominio; las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumentos para la comisión de irregularidades, facilitando el desvío de los recursos provenientes del anticipo aprobado por el minTIC; adicionalmente, en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República bajo la dirección del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez Becerra, se aplicó una medida cautelar a un inmueble de la exministra minTIC Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe; esta decisión fue adoptada como parte de las acciones orientadas a resarcir el daño patrimonial al Estado; José Iván Caro explicó que las medidas buscan recuperar bienes adquiridos con dineros públicos, ante la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados, y garantizar que los activos vinculados al caso puedan incorporarse al patrimonio del Estado Colombiano.[68
El proceso de extinción de dominio incluye 5 inmuebles propiedad de la congresista Saray Robayo, pareja de Emilio Tapia; estos bienes comprenden un penthouse y dos apartamentos en Coveñas, Sucre, un lote en San Bernardo del Viento, Córdoba y el predio "El Chinchorro" en Montería, Córdob
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