Consejo de Estado anuló concurso de meritos de la alcaldía de Valledupar en 2018

 "Esta decición no ordena el retiro automático de los servidores públicos vinculados mediante ese concurso, ni dispone la revocatoria general de los nombramientos efectuados”.

La decisión del Consejo de Estado, conocida la semana pasada, que anuló las reglas del concurso de méritos de la Alcaldía de Valledupar abrió la puerta a una batalla legal en el Tribunal Administrativo del Cesar.

La administración municipal de Valledupar fijó su postura frente a la decisión del Consejo de Estado que anuló el concurso de méritos de 2018. 

A través de su Oficina Jurídica, la Alcaldía anunció que acatará la sentencia, pero dejó claro que esta determinación “no ordena el retiro automático de los servidores públicos vinculados mediante ese concurso, ni dispone la revocatoria general de los nombramientos efectuados”.

Ante el temor de despidos y la presión de más de noventa demandas que cursan en el Tribunal Administrativo del Cesar, el gobierno local apostará por un análisis detallado de cada nombramiento. “La regla es revisar caso por caso, pues el alcance de la sentencia no puede aplicarse de forma automática ni indiscriminada”, detalló la dependencia en su pronunciamiento.

El objetivo de este proceso técnico y jurídico es evaluar la situación de los 161 funcionarios que ganaron el concurso y que hoy están en la mira de los trabajadores provisionales desplazados. Durante esta revisión, la administración aseguró que protegerá los derechos adquiridos, garantizando la permanencia de quienes ya tienen “situaciones jurídicas consolidadas“.

Finalmente, la Oficina Jurídica insistió en que actuará con rigor para preservar la estabilidad del municipio y de los empleados. La Alcaldía recalcó que adoptará únicamente las medidas que correspondan según cada expediente, “sin actuaciones generales, indiscriminadas o masivas“.

Las claves del proceso

La decisión del Consejo de Estado, conocida la semana pasada, que anuló las reglas del concurso de méritos de la Alcaldía de Valledupar abrió la puerta a una batalla legal en el Tribunal Administrativo del Cesar. Inicialmente, el fallo se interpretó como una sanción institucional sin mayores repercusiones para la planta actual.

No obstante, este fallo sí le da sustento a un alud de más de noventa demandas que cursan en el Tribunal Administrativo del Cesar y que buscan remover de sus cargos a los actuales funcionarios e imponer millonarias condenas económicas al municipio.

El abogado Luis Fernando Padilla, quien lidera la representación de la gran mayoría de los trabajadores provisionales desplazados, confirmó que la estrategia jurídica se dividió en dos frentes. El primero de ellos corresponde a 64 demandas de nulidad y restablecimiento del derecho radicadas bajo el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

El propósito definitivo es obligar a la administración municipal a reintegrar a los antiguos funcionarios provisionales en sus puestos y pagarles de forma retroactiva todos los salarios, cesantías y primas que dejaron de percibir durante los tres años que han estado fuera de la entidad.