En La Guajira sancionan la EPS Asociación Indígena del Cauca

La Superintendencia Nacional de Salud sancionó a la EPS Asociación Indígena del Cauca con dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras identificar serias fallas en el proceso de atención de 20 menores pertenecientes a la etnia wayuu, estos fueron diagnosticados con desnutrición aguda severa  y bajo peso por talla.

El Superintendente Nacional de Salud, Fabio  Aristizábal Ángel, aseguró que “es intolerable que este tipo de situaciones, en donde se pone en riesgo la vida de los menores se siga presentando. Seremos implacables con el seguimiento y para el caso particular de La Guajira como ya lo he manifestado previamente, continuaremos vigilantes y sancionaremos a quienes pongan en riesgo la integridad y la vida de todos los usuarios”, aseguró.

La sanción fue impuesta mediante resolución 1355 del 9 de octubre del 2018, luego de la investigación iniciada en el año 2016 tras la cual se evidenció la falta de implementación de las acciones necesaria por parte de la EPS indígena para garantizar la atención y la integridad de los menores.

De acuerdo con el acto administrativo, la AIC no implementó los programas de promoción y prevención, de conformidad con los factores de riesgo identificados en cada uno de los casos reportados.

Esta entidad tampoco garantizó los servicios, tecnologías y la red suficiente para atender a la población que está afiliada, enfatizando en que los menores se encontraban con diagnósticos de desnutrición aguda severa y desnutrición global severa y  bajo de peso para su talla.

La Superintendencia identificó que algunos de los soportes de atención de estos menores, no registraban el peso al nacer, tampoco se tenía un seguimiento adecuado o tratamiento, la mayoría de estos infantes no recibieron una atención en los programas de crecimiento y nutrición

El superintendente hizo un fuerte llamado de atención a todos los actores que intervienen en la atención de estos casos, para que implementen acciones necesarias que garanticen la atención oportuna de los usuarios, de igual forma recordó que continuará haciendo un seguimiento y mapeo a lo largo del territorio nacional, para identificar  y sancionar aquellas  EPS, IPS y secretarías de salud que no actúen con diligencia y vulneren los derechos de los colombianos.

La EPS AIC cuenta con 478.596 usuarios, de los cuales 470.470 son del régimen subsidiado y 8.126 del régimen contributivo.

Clase política de La Guajira ha sido insensible a necesidades de la población infantil: Procurador
“Cada muerte por desnutrición es una tragedia humanitaria que no podemos dejar pasar”.

Con frases como esta el procurador Fernando Carrillo Florez se refirió hoy en ese departamento a lo ocurrido con la niñez guajira a propósito de la muerte de 4770 niños muertos por desnutrición en los últimos 8 años en ese departamento.

“Comenzará a cambiar la situación de La Guajira cuando empiecen a cumplirse las órdenes de la Corte Constitucional, dijo el procurador Carrillo indicando ante una audiencia nutrida en Riohacha que “la clase política de La Guajira ha sido insensible a las necesidades de la población infantil”, especialmente con los niños y niñas Wayúu.

“Aquí hay una cuota de responsabilidad también para ellos (la clase política del departamento), pero el Gobierno Nacional tampoco se escapa. (…) Cada muerte por desnutrición es una tragedia humanitaria que no podemos dejar pasar”.

En la audiencia “Problemáticas estructurales de La Guajira”, de la que también hace parte la Corte Constitucional que hace seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-3’2 de 2017, el jefe del Ministerio Público enfatizó en que la clave para solucionar la violación sistemática a los derechos humanos en el departamento está en el diseño y ejecución de planes conjuntos para dar cumplimiento a las órdenes del alto tribunal.

Agregó que se debe tener la capacidad de atacar sectorialmente las diferentes problemáticas, con herramientas efectivas que permitan garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, “partiendo de la base de que la peor forma de corrupción, es precisamente la violación de los derechos fundamentales”.

“Comenzará a cambiar la situación de La Guajira cuando se cumplan las órdenes de la Corte Constitucional. Hay compromisos en materia de alimentación, salud, educación, agua potable y saneamiento básico que no se han cumplido todavía. Estamos listos a iniciar acciones disciplinarias si se siguen dando esos incumplimientos”.

Carrillo Flórez lamentó que en este territorio se sigan robando los recursos del Programa de Alimentación Escolar – PAE-, como sucede en buena parte de regiones del país, y advirtió que “eso hay que frenarlo” con el compromiso activos de las veedurías ciudadanas y los padres de familia.