Uniguajira elevó ante el gobierno nacional atraso en giros que alcanzan los $92 mil millones

Consejo Superior de la Universidad de La Guajira.

El Consejo Superior de la Universidad de La Guajira, en el marco de la sesión realizada el día de ayer, elevó ante el Gobierno Nacional la problemática por la que atraviesa la Alma Mater ante el incumplimiento del departamento de La Guajira del pago de las obligaciones con la universidad de los recursos de Ley 30 de 1992 y las Ordenanzas 214 de 2007 y 232 de 2008 y el Decreto reglamentario 205 de 2007, así como el pago del subsidio de matrícula a los estudiantes beneficiarios de las mismas, suma que alcanza los 92 mil millones de pesos.

En la carta el rector Carlos Arturo Robles Julio y los miembros del Consejo Superior como máximo órgano de decisión y dirección de la universidad, piden el apoyo y acompañamiento al Ministerio de Educación Nacional, la Subdirección de Inspección y Vigilancia de esta cartera, la Procuraduría General de la Nación y  la Contraloría General  del Departamento de La Guajira ante esta problemática.

Los consejeros ponen en conocimiento a Mineducación y entes de control que el incumplimiento del departamento con el giro de los recursos pone en peligro el normal funcionamiento de la Universidad y la calidad académica; igualmente, la violación de derechos salariales, prestaciones, seguridad social, a docentes ocasionales, catedráticos, tutores, administrativos OPS, servicios generales, vigilancia y conductores. 

El la comunicación el Consejo Superior expresa que "A la fecha el departamento de La Guajira, representado actualmente por su gobernador designado Jhon Fuentes Medina, aún no ha girado dichos recursos y tampoco ha manifestado ningún interés de conciliar el pago de las acreencias establecidas, ni se ha hecho presente en las sesiones del Consejo Superior a las que se le ha convocado para tratar este tema, siendo el presidente de este organismo".

Finalmente reiteran al Ministerio de Educación y entes de control que la no transferencia de los recursos financieros correspondiente a Ley 30 de 1992 y las Ordenanzas 214 de 2007 y 232 de 2008 y el decreto reglamentario 205 de 2007, a los estudiantes beneficiarios por parte del departamento de La Guajira, atenta contra el derecho a la educación con calidad de más de 15.000 estudiantes de la Universidad de La Guajira; además se atenta contra el derecho al trabajo, seguridad social y mínimo vital de los docentes ocasionales, catedráticos, tutores, administrativos OPS, servicios generales, vigilancia, conductores y se pone en riesgo la estabilidad y normalidad académica de la Alma Mater.