En Riohacha suspenden permisos para vender pólvora

En Riohacha suspenden permisos para vender pólvora

Con el objetivo de proteger la vida, la salud y preservar la seguridad en la ciudad, la Alcaldía de Riohacha, que lidera Juan Carlos Suaza Movil, expidió el Decreto 0221 de 2019 por medio del cual se adoptan medidas de control sobre la distribución, venta y uso de pólvora en el Distrito.

A través de este acto administrativo se suspende la expedición de permisos para la venta y comercialización de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales, a partir del 3 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020, exceptuando las empresas legalmente constituidas y autorizadas por las Autoridades Competentes.

Asimismo establece que se no se expedirán permisos para el uso temporal  del espacio público para ventas ambulantes, estacionarias o informales de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales.

Por otra parte prohíbe el uso y manipulación de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos de aire cliente a menores de edad y a personas en estado de embriaguez y estable que si se encontrase a un menor manipulando, portando o usando estos artículos le será decomisado el producto, este será conducido y puesto a disposición de un defensor de familia, quien determinará las medidas de protección a adoptar.

De igual manera los representantes legales del menor afectado por quemaduras ocasionas por el uso de pólvora, se les aplicará una sanción pecuniaria hasta de 5 salarios mínimos legales vigentes, conforme se establece en el parágrafo del artículo 14 de la ley 670 de 2011.

Además, el artículo tercero decreta que para la realización de demostraciones publicas de pólvora se deberá tramitar el respectivo permiso ante la Secretaría de Gobierno y la manipulación deberá realizarse por un técnico o experto en la materia, adjuntando póliza de responsabilidad civil extra-contractual por daños a terceros que ampare los riesgos.

Por último, es importante anotar que a quien vulnere o viole lo dispuesto en el Decreto se le impondrá una sanción pecuniaria que oscilará entre 2 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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