Graves hallazgos de la Contraloría sobre arroyo desviado por Cerrejón

Por: Tatiana Rojas hernández 15 de julio 2020 , 09:38 p.m.. En un documento de 89 páginas, la contralora delegada para asuntos ambientales, Walfa Téllez, calificó de ineficiente el informe que el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) y Carbones del Cerrejón presentaron para soportar su decisión de seguir permitiendo la desviación del arroyo Bruno, uno de los mayores afluentes del río Ranchería, para expandir su proyecto de explotación de carbón en La Guajira.

En pocas palabras, la Controlaría expone que estas entidades decidieron no retornar las aguas del arroyo a su cauce natural y mantener el desvío con base en información débil, superficial, deficiente y parcializada, sin generar espacios de participación ni considerar el daño irreversible que puede significar para la población que interactúa con ese ecosistema.

Además, lo más grave, según evidencia la Contraloría, es que existen posibles riesgos morales con la información que suministraron, ya que los documentos e información que usaron para sustentar sus conclusiones los aportó exclusivamente Cerrejón.

Es decir, ninguna institución pública suministró información para establecer, por ejemplo, qué estaba pasando con el cauce artificial versus con lo que sucedió con el cauce natural. Esto era importante porque si se iba a decidir regresar o no al cauce natural, tendrían que haber presentado las ventajas y desventajas.
"La Procuraduría deberá abrir
los procesos disciplinarios en contra de estos funcionarios públicos que están haciendo estos conceptos mal hechos".

En su defensa, el Ministerio de Ambiente le respondió a la Contraloría que “para esta decisión era necesario evaluar el estado de funcionamiento del nuevo cauce con el fin de establecer su condición ambiental, y no se requería un análisis comparativo (antiguo vs. nuevo cauce)”. Pero la Contraloría insiste en que eso no fue lo que ordenó la Corte Constitucional.Por ello, de los 14 hallazgos, siete podrían llegar a ser faltas disciplinarias, dice la Contraloría en su informe.

De acuerdo con Rosa María Mateus, abogada del Colectivos de Abogados José Alvear Restrepo, apoderada de las comunidades afectadas, “la Procuraduría deberá abrir los procesos disciplinarios en contra de estos funcionarios públicos que están haciendo estos conceptos mal hechos” –pero le quedará muy difícil, añade Mateus– “porque el concepto técnico con el cual tomaron la decisión no iba firmado por ningún funcionario ni ninguna entidad”.


Cerrejón le dijo al EL TIEMPO con respecto a la documentación que proporcionaron: “Es información oficial que obra en las entidades y es verificada por estas. La solidez y seriedad de estos informes se han demostrado con los resultados obtenidos y el comportamiento del cauce actual del arroyo Bruno”, dice la empresa en un comunicado.

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