Gran reto del presidente Petro con delincuencias

 

Por Martín Nicolás Barros Choles

La delincuencia es un grave problema social, que preocupa y atormenta la ciudadanía, porque atenta contra la salud y vida humana, propiedad privada, familia y la seguridad, originando miedo y sosiego colectivo, por inseguridad y falta de acciones pertinentes, de autoridades competentes, que no ejercen controles preventivos, perdiendo la justicia, confianza y credibilidad,  por: omisiva, morosa e ineficiente; concediendo indebidos beneficios a delincuentes, que terminan nuevamente en acciones criminales.

Muchos delincuentes son capturados y a pesar, de tener múltiples anotaciones, por hechos delictivos, similares o diferentes, le conceden detención domiciliaria, cuando este beneficio, deben concederse, a personas, que no tienen anotaciones, ni constituyen peligro para la sociedad, conforme a normatividad penal. También puede concederse en investigaciones penales, constituyendo fianzas, sujeta a cumplimientos de directrices. Si incumplen, condiciones expresas, se hace efectivo el pago de la fianza, a favor de la administración de justicia. Seguidamente, ordenan captura y pierden derechos a beneficios carcelarios.

Otros tienen la suerte, de ser liberados, no obstante, haberlo capturados en persecución de flagrancia, con la mano en la masa y pruebas contundentes, para aperturar investigaciones penales, no lo hacen, esperando que la víctima se presente a formular denuncia, pero muchas personas, se abstienen de hacerlo, por confusiones, poco apoyo de protección y por temor a represalias futuras.

Con las detenciones y otras pruebas en contra del detenido, es suficiente para que la autoridad judicial, inicie de oficio la investigación procesal, pero si la víctima, no formula por miedo denuncia, favorece al victimario responsable, liberándolo la autoridad penal, por falta de denuncia. Igual ocurre por error de captura, beneficiando al delincuente concediendo libertad, para que sigan en fechorías criminales. De igual forma, los favorecen con detenciones domiciliarias. En otras circunstancias contradictoria, se niegan recibir denuncia verbal, cuando la víctima, no identifica al victimario (nombre y apellidos, estatura, edad, cedula y dirección donde vive).

La delincuencia se ha disparado, por descomposición y desatención social, en abandonos y desempleos, atribuido a las indiferencias, de autoridades y gobiernos. Las cárceles y calabozos, de Policía y Fiscalía, están hacinados y atiborrados, del alto volumen o cantidad de personas detenidas, por investigaciones; incrementándose, cada día, la proliferación delincuencial incontrolada, por impotencias, incapacidad y complicidad; en omisión y encubrimientos.

La represión y opresión, no son la única forma de castigo, para enfrentar la delincuencia, hacia la erradicación de ese terrible mal. Ni mucho menos, por vía de ajusticiamiento, justificando, limpieza social. Se requiere atención, educación y trabajo, para aquietar el crimen.

 Es necesario primero, conocer las causas que generan delincuencias, para prevenirla, combatirla y erradicarlas, promoviendo y motivando programas, de formas académicas y publicitarias, relativas a dejaciones de so dicha actividad, garantizando beneficios sustitutivos, facilitando medios retributivos y readaptación social.

Muchos ejemplarizan la forma de castigo, utilizada por el presidente del Salvador, Nayib Bukele, con los delincuentes de esa nación. Comencemos por humanizar y encarrilar al victimario, valorando diferentes aspectos: físico, psíquico, genéticos, sociales y las causas, que impulsan la delincuencia, para ejercer procedimientos, de resocialización específica y utilidad colectiva.

El presidente Gustavo Petro, abre una oportunidad concertada, con las organizaciones al margen de la ley, interesadas en acogerse y participar, en la oferta presidencial: guerrilleros, paramilitares, bacrines, delincuencia común y ex miembros armados del estado. Para tal sentido, se presenta un proyecto de ley, que regule el asunto. Varias organizaciones manifestaron intereses e intenciones participativas, alguno haciéndola pública, en formas y condiciones, establecidas por gobierno nacional, que pide un alto al fuego globalizado.

Dos bandas que aterrorizaban al distrito portuario de Buenaventura, fueron los primeros, en declarar alto al fuego, por gestiones coordinadas por el Obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo Montoya, materializando acuerdos de paz, con un partido de micro futbol, después de la celebración de una misa, con las concurrencias del alcalde y autoridades policiva, familiares, amigos y curiosos, de los miembros de las bandas, que buscan pacificarse.

Es una gran oportunidad que ofrece el presidente Gustavo Petro, a organizaciones delincuenciales, para desactivar por acuerdos pactados, acciones criminales y violentas, que nos tiene en zozobras y alta tensión. Los que se acojan a la oferta presidencial, deben comprometerse con las dejaciones de armas. La vía a seguir, no debe ser otra, que consolidar la paz y restablecer seguridad ciudadana.