UNA VERDAD INCÓMODA: LA DECISIÓN TOMADA POR EL GOBIERNO DE REAJUSTAR EL PRECIO DEL DIÉSEL, COMO YA LO HIZO CON LA GASOLINA, ES CORRECTA, CON ELLO HA DADO UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA.

POR : Amylkar David Acosta Medina.

En mi concepto el desmonte del subsidio a los combustibles, primero el de la gasolina y ahora el diésel es un paso que da el Gobierno en la dirección correcta.

Mantenerlo era insostenible desde el punto de vista fiscal e inconveniente, además de incoherente, con el compromiso de Colombia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Lo ha dicho reiteradamente el Comité técnico de seguimiento de la Regla fiscal, que tales subsidios, atentan contra la estabilidad de las finanzas del Gobierno central y le impediría cumplir con la meta del déficit fiscal del 5.6% para este año. De no reajustarse el precio del Diésel  el déficit del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC) al cierre de este año sería de $12 billones, equivalente al desfinanciamiento del proyecto de presupuesto que tramita el Congreso de la República para la vigencia de 2025 y al monto que aspira recaudar con el proyecto de ley de financiamiento anunciado por el Ministro de Hacienda.

Aquí se presenta un dilema moral, porque esos $12 billones que cuesta el subsidio al diésel supera los $9 billones del presupuesto del ICBF y los $10.7 billones del Departamento Administrativo para la prosperidad social (DPS). Esos recursos quedan mejor invertidos en estos programas, focalizados en la población más vulnerables que en subsidiar el consumo de los combustibles. 

Según cálculos del Gobierno este aumento decretado del precio del diésel contribuirá 0.3 puntos porcentuales en la inflación, en momentos en los que la inflación está cediendo y no hay razones para pensar que el mismo determine un cambio de tendencia. 

De otra parte, el mundo y Colombia no es la excepción está en modo Transición energética. Colombia tiene el compromiso de reducir sus emisiones de GEI en un 51% hacia el año 2030, razón por la cual, como lo aprobó por consenso en noviembre pasado la COP28, tiene que tomar distancia de los combustibles fósiles, empezando por desincentivar su consumo y no subsidiándolo. El subsidio a los combustibles va a contrapelo de la política de Acción climática en la que está comprometido nuestro país como una política de Estado (Ley 2169 de 2021) y de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el cual propende por la Transición energética.

Lo más urgente es la modernización de la flota de vehículos de transporte de carga, que acusa una obsolescencia de más de 25 años. Ello explica los altos costos de operación,  pues sus motores  acusan una ineficiencia energética, según la UPME, del 69%. Con motores más eficientes consumirían menos combustibles, compensando las alzas de precios. Por ello debe revivirse el programa de chatarrización tendiente a la renovación del parque automotor. 

Concluyo diciendo que es más fácil y taquillero hacer política con los precios de los combustibles que llegar a tener una política de precios!

Amylkar David Acosta Medina

Medellín, septiembre 3 de 2024