En La Guajira la Fiscalía General de la Nación ocupó bienes por $25 mil millones con fines de extinción

 

Los hermanos José de Jesús, Juan Salvador y Erwin Rafael Pérez Escudero figuraban como beneficiarios del Sisbén, no registraban ingresos financieros formales, ni desempeñaban una actividad económica estable; sin embargo, aparecían como propietarios de 9 casas y 11 lotes avaluados en algo más de 25.000 millones de pesos.



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En un importante operativo en La Guajira, la Fiscalía General de la Nación logró afectar el patrimonio ilícito de un clan familiar señalado de enviar cocaína a Curazao y Aruba. 


Bienes avaluados en más de 25.000 millones de pesos fueron ocupados con fines de extinción de dominio en este departamento.


Un Clan Familiar con un Patrimonio Ilícito en La Guajira


Los hermanos José de Jesús, Juan Salvador y Erwin Rafael Pérez Escudero, miembros del clan familiar, figuraban como beneficiarios del Sisbén y no registraban ingresos financieros formales ni desempeñaban una actividad económica estable en La Guajira. 


Sin embargo, aparecían como propietarios de 9 casas y 11 lotes avaluados en más de 25.000 millones de pesos en este departamento. 


Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho del Dominio investigó el origen de las propiedades y constató que habrían sido adquiridas con recursos producto del narcotráfico.


Narcotráfico y Envío de Cocaína desde La Guajira


El clan familiar estaría involucrado en el acopio de grandes cantidades de cocaína en municipios de La Guajira y Cesar, y coordinaría su salida marítima por el Caribe colombiano a Curazao y Aruba, de donde eran enviadas a países de Europa. 


La Fiscalía logró identificar y afectar los bienes ilícitos en La Guajira, lo que representa un duro golpe para la estructura criminal.


Medidas Cautelares y Ocupación de Bienes en La Guajira


La Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre algunos de los bienes detectados en La Guajira, las cuales fueron materializadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en diligencias realizadas en Maicao y Riohacha. 


Otras propiedades recibieron medidas de carácter jurídico. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de las propiedades ocupadas.

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