El carcelero de las Farc murió en la miseria

 Tirofijo y el Mono Jojoy le encargaron a Martín Sombra vigilar a los secuestrados en la selva, a quienes mantuvo encerrados, encadenados y humillados

Elí Mejía Mendoza, más conocido como alias Martín Sombra, se apagó como un bombillo viejo: en la cama del hospital El Tunal, en el sur de Bogotá, con la piel mustia, la barba rala, un tapabocas colgado del mentón y sin más compañía que la de algunos de sus parientes. Murió con una diabetes avanzada, una pensión miserable de $350.000 que le entregó la JEP y un pasado que se llevó consigo como un secreto sucio. Se fue sin decir todo lo que sabía, dejando más preguntas que respuestas. Y con él se fueron también muchos de sus crímenes.

Tenía 87 años, aunque parecía más viejo. Nació en 1938, en La Dorada, Caldas. Su infancia fue en los montes de Tolima, donde aprendió a matar antes que a leer. Tenía apenas diez años cuando mató por primera vez. No fue un accidente. Le disparó a un compañero de guerrilla –el Negro Golo, le decían–, que, según él, se comía las orejas de sus víctimas y violaba mujeres. Le pidió permiso a su padre, jefe del grupo, para ajusticiarlo. Su padre se negó. Lo mató igual. Y su padre, un guerrillero que se llamaba El Tigre, lo llamó entonces Sombra.

Martín Sombra fue eso: una sombra que se deslizó durante décadas por los márgenes del país, entre la maleza, el miedo y la sangre. Un hombre que se especializó en una tarea tan siniestra como indispensable en la guerra: custodiar cuerpos ajenos. Fue el carcelero de los secuestrados más emblemáticos de la guerrilla, el encargado de vigilar, someter, disciplinar a los enemigos que no estaban muertos, pero que tampoco vivían.

En la cárcel clandestina que dirigía en los Llanos del Yarí, conocida como “Cárcel Segura”, ordenaba los castigos, las cadenas, los silencios. Ideó las caminatas de la muerte, esos desplazamientos forzados de días enteros para esquivar operativos militares, con los secuestrados amarrados, hambrientos, con las piernas en carne viva. Entre los rostros que lo vieron de cerca están los de Íngrid Betancourt, Clara Rojas, Alan Jara. Clara incluso fue sometida a una cesárea improvisada en la selva. Él estaba allí. Dijo que cuidó del niño. Lo dijo como si eso lo redimiera. Pero no.

Durante décadas, Sombra fue el custodio de un sistema de terror. Entrenó a menores para la guerra. Dijo, con frialdad, que muchos de aquellos niños eran caníbales. Que él mismo los instruyó para comer carne humana si era necesario. “En caso de desplazamiento, si no hay comida, la carne de humano sirve”, dijo ante la JEP en 2023.

También confesó haber estado detrás de la masacre de Mapiripán, en 1997, que dejó 49 muertos. Durante años se culpó a los paramilitares o al Estado. Él dijo que no: que fueron tropas suyas. Una versión que estaban investigando.

El 1 de noviembre de 1998 participó en la toma de Mitú, Vaupés. Un ataque brutal: 43 muertos y 61 policías secuestrados. Por eso le cayeron 24 años de condena. Pero en Colombia las condenas a veces son como una promesa de amor en la adolescencia: se dicen con fuerza, pero rara vez se cumplen.

Alias Martín Sombra se acogió a la Ley de Justicia y Paz, después a la JEP. Dijo algunas cosas y omitió otras. En 2020 volvió a ser capturado por otro caso de secuestro, pero no lo expulsaron del sistema. El juicio seguía. Ante las críticas de muchos lo enfrentó en libertad. Murió antes de que se supiera todo. Murió antes de pagar por sus crímenes.

En sus últimos días no tenía dinero ni para los pañales. Su abogada pidió ayuda vendiendo el libro que sobre él ella escribió. Era un anciano enfermo, irreconocible, que subsistía como podía. Pero eso no borra los horrores. Ni lo que hizo, ni lo que ordenó, ni lo que permitió.

Murió este 19 de mayo de 2025. Murió pobre, sí. Pero no inocente. Murió sin haber recibido siquiera una parte del castigo que la justicia prometió. Y ahora será la JEP la que decida qué hacer con su testimonio, qué valor darle a las verdades que no alcanzó a decir. Martín Sombra se fue. Su sombra, no.