Equidad en Colombia: cuando las reformas no pasan, la igualdad tampoco

 

Por: Wilson Rafael León Blanchar 

Durante los últimos ocho años, Colombia ha discutido intensamente la desigualdad. Diagnósticos sobran, cifras también. Lo que ha escaseado —y eso es lo que conviene examinar con calma— es la capacidad real de transformar las estructuras que la producen.

Entre 2018 y 2025, el país vivió una pandemia, una crisis social profunda y un cambio en la orientación del Ejecutivo que puso la equidad en el centro del debate público. Sin embargo, los resultados en reducción de la desigualdad han sido parciales y frágiles. No por ausencia de propuestas, sino por el destino que estas tuvieron en el escenario donde se convierten —o no— en realidad: el Congreso.

El sistema de salud es un buen punto de partida. Colombia logró cobertura casi universal, pero nunca resolvió la desigualdad en el acceso efectivo, la calidad ni la oportunidad. La reforma propuesta por el gobierno Petro buscaba corregir ese desequilibrio estructural: atención primaria fuerte, red pública robusta y prevención como eje. El trámite legislativo no permitió que esa transformación se materializara. El resultado es conocido: el modelo quedó esencialmente intacto, y con él, las brechas territoriales que siguen marcando quién se atiende a tiempo y quién no.

Algo similar ocurre en el campo. La desigualdad rural es, quizá, la más antigua y persistente del país. La concentración de la tierra, la pobreza campesina y la baja productividad no son misterios estadísticos, sino consecuencias de una estructura agraria que casi nunca se toca. Durante este período se habló de acceso a tierra, formalización y desarrollo rural integral. Sin embargo, no hubo una reforma agraria estructural aprobada. Se avanzó en programas y acuerdos parciales, pero la base del problema permaneció. Y cuando la base no cambia, los resultados tampoco.

En el mercado laboral, la historia fue distinta en la forma, pero similar en el fondo. La reforma laboral buscaba corregir la precarización y la informalidad, dos factores clave de la desigualdad. El Congreso aprobó una versión recortada, moderada, con menor capacidad para alterar la estructura del empleo informal. El salario mínimo subió y alivió ingresos, pero sin una transformación profunda del mercado laboral, el efecto redistributivo se diluye.

La reforma pensional fue la excepción parcial. Esta sí fue aprobada y representa un avance importante hacia mayor cobertura y reducción de subsidios regresivos. Aun así, su impacto estructural sigue atado a una realidad que no cambió: la informalidad laboral. Sin empleo formal, no hay sistema pensional plenamente equitativo.

En materia tributaria, el patrón volvió a repetirse. Se aprobaron ajustes relevantes, pero no una reforma estructural que hiciera verdaderamente progresivo el sistema. La política social sigue dependiendo más del ciclo económico y del endeudamiento que de una redistribución estable de la riqueza.

El balance es claro, aunque incómodo: Colombia no es un país sin diagnósticos ni sin propuestas. Es un país donde muchas reformas que apuntan a la raíz de la desigualdad no logran atravesar el filtro institucional completo. Cuando eso ocurre, el Estado termina administrando la desigualdad en lugar de reducirla.

El lector sacará sus propias conclusiones. Desde una perspectiva técnica, los resultados en equidad observados en los últimos años son coherentes con el nivel de transformación estructural que efectivamente se permitió. Si las reformas no pasan, la igualdad tampoco.