Piden a la Corte Constitucional investigar desvío de recursos de la salud

Un grupo de organizaciones del sector salud, en compañía de ciudadanos de distintas regiones del país, radicaron el viernes 28 de julio ante la Honorable Corte Constitucional una Alerta Ciudadana con el fin de que el máximo órgano de la rama judicial tome acciones pertinentes en defensa del derecho a la salud de los colombianos.

Los promotores de esta iniciativa son el Colegio Médico Colombiano-CMC, la Federación Médica Colombiana-FMC, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas-ACSC, la Asociación Colombiana Medico Estudiantil-ACOME, la Asociación Nacional de Internos y Residentes –ANIR, la  Asociación Médica Sindical-ASMEDAS, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -ACESI-, la  Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social – CSR, la  Central Unitaria de Trabajadores -CUT, la Confederación General del Trabajo -CGT, la Confederación de Trabajadores de Colombia -CTC, la Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud Colombiano y la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud.

A través de esta figura consagrada en la Constitución como es la Alerta Ciudadana, estos promotores pondrán en conocimiento directo de la Corte Constitucional la implementación de una serie de normas, impulsadas por el Ministerio de Salud y Protección Social orientadas al fortalecimiento financiero de las Empresas Promotoras de Servicios de Salud -EPS- a partir de los recursos públicos, provenientes de la UPC, con los cuales se financia la prestación de servicios de salud de los colombianos, y con lo cual se viene coartando el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, al otorgar una patente de corso a las EPS para que desarrollen un modelo de atención basado en la mitigación del riesgo en salud con el fin primordial de recuperar su equilibrio financiero, incluso induciendo a que los estados contables y los indicadores financieros de las EPS, no reflejen la veracidad y la realidad del manejo de los recursos entregados con una destinación específica para la salud, colocando en grave riesgo la salud de los habitantes de este país.