Procuraduría: " Atención a desplazados en Riohacha es insuficiente"

 

“La atención que se está prestando a estas víctimas es insuficiente por parte de la administración local, e inexistente por parte de Gobierno nacional, persiste la escasez de agua, hay hacinamiento, malas condiciones para dormir y brotes de enfermedades respiratorias que están afectando a un gran número de menores de edad, mujeres gestantes y lactantes”.

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los gobiernos de La Guajira y el nacional, para que se le entregue una verdadera asistencia humanitaria a cerca de mil personas entre indígenas Wiwas y afrodescendientes que permanecen en dos albergues en la capital guajira, tras ser objeto de un desplazamiento de su territorio ancestral en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el cual fue forzado por combates que se produjeron entre bandas criminales que según algunas de las víctimas, se disputan el territorio y permanecen en los alrededores de sus asentamientos.

El Ministerio Público comisionó al procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, quien llegó a La Guajira y lo primero que hizo fue llegar hasta la Casa Indígena del Departamento a un costado de la plaza de mercado y al coliseo Eder Jhon Medina, donde están albergados 315 nativos de la etnia Wiwa que estaban asentados en la vereda El Limón y los restantes son campesinos afrodescendientes que tienen sus parcelas en los alrededores y quienes sintieron el fragor de la confrontación a bala y armas pesadas, por lo que también decidieron bajar desde el pasado 25 de febrero cuando se iniciaron los combates que dejaron varias personas muertas.

Atención a las víctimas es insuficiente

En declaraciones posteriores a la reunión con los representantes de estas comunidades, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, aseguró que “la atención que se está prestando a estas víctimas es insuficiente por parte de la administración local, e inexistente por parte de Gobierno nacional, persiste la escasez de agua, hay hacinamiento, malas condiciones para dormir y brotes de enfermedades respiratorias que están afectando a un gran número de menores de edad, mujeres gestantes y lactantes”.

Hay que enseñar la ruta a las víctimas

Al parecer los funcionarios de la Gobernación y el distrito de Riohacha, lo mismo que los delegados del Gobierno nacional, no han llegado al verdadero problema, pues se requiere dar un enfoque diferente al que se da en estos casos en otras regiones del País y con comunidades no indígenas.

Según el procurador para Derechos Humanos, es necesario dar enfoque étnico y respetar los usos y costumbres, es decir, en líneas generales, es una cultura muy diferente que merece trato diferencial.

Aunque el desplazamiento se produjo desde el pasado 25 de febrero, fue ahora cuando la Procuraduría General de la Nación interviene en el asunto y le ha pedido a la Fuerza Pública, una intervención inmediata para que la zona quede despejada de los actores armados y así se empiece a estudiar la posibilidad del retorno de los nativos y los campesinos afrodescendientes.

El Ministerio Público dijo que “es necesario intervenir de manera inmediata en territorio para restablecer el orden y así evitar más casos de reclutamiento de menores de edad, delitos sexuales, entre otras afectaciones que sufre la comunidad”.