Entre el freno y el acelerador: economía, política y elecciones en Colombia

 

Por: Wilson Rafael León blanchar 

No es una pelea entre bancos y gobierno. Es algo más profundo: un choque entre dos maneras de conducir la economía. De un lado, la apuesta política del presidente  por mejorar la calidad de vida en el corto plazo; del otro, la disciplina técnica del Banco de la República enfocada en contener la inflación y preservar la estabilidad.

El Gobierno ha planteado una ruta clara: aumentar el gasto social, fortalecer los ingresos y dinamizar la economía. Es una orientación legítima en un país atravesado pors desigualdades históricas. Pero toda expansión tiene un límite, y en economía ese límite suele llamarse inflación.

Ahí entra el Banco de la República. Su mandato no es político, es técnico: proteger el poder adquisitivo de la moneda. Cuando percibe presiones inflacionarias, responde elevando las tasas de interés. El resultado es inmediato: el crédito se encarece, el consumo se enfría y la economía pierde impulso.

En términos simples: mientras el Gobierno acelera, el Banco frena. No por capricho, sino por diseño institucional.

El problema surge cuando ese equilibrio deja de ser técnico y se convierte en narrativa política. Y más aún en un año electoral, donde cada decisión económica se interpreta como cálculo de popularidad. En ese escenario, reducir el debate a una consigna —el banco como obstáculo o el gobierno como irresponsable— puede dar votos, pero le resta seriedad al país.

Hay una verdad que no admite rodeos: no existe mejora sostenible en la calidad de vida sin control de la inflación. Y tampoco hay estabilidad duradera si se ignoran las condiciones reales de la población.

Por eso, Colombia no necesita elegir entre “banco o gobierno”. Necesita coordinación.

El verdadero desafío está en lograr tres equilibrios al mismo tiempo: controlar la inflación sin asfixiar la economía, impulsar el crecimiento sin generar desequilibrios y mejorar el bienestar sin depender exclusivamente del gasto público.

En esta discusión hay un ausente clave: la productividad. Sin producir más y mejor, cualquier aumento de ingresos termina reflejándose en precios más altos.

Colombia no enfrenta un problema de diagnóstico. Enfrenta un problema de ejecución.

Y en un año electoral, esa diferencia es decisiva: puede elevar el nivel del debate o degradarlo a una disputa de consignas.

Porque cuando la economía se convierte en herramienta política, el costo —como siempre— lo termina pagando el ciudadano.