En jaque reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro

 

 

       

Por Martín Nicolás Barros Choles       

Si hay una nación, que necesita de reformas y actualizaciones, es Colombia, en diferentes estamentos, instituciones y autoridades. Se requieren cambios, en política, salud, justicia, pensiones, Códigos: civil, laboral, comercial, ambiental, electoral, notarial, agrario, seguridad y penitenciarios; entre otros. En igual formas, también se necesitan reformas, en los procedimientos: penal, familia, adolescencia, administrativo etc.

El gobierno del presidente Gustavo Petro, solo ha tenido la aprobación de una sola reforma, la tributaria, con tan mala suerte, de estar siendo mutilada, por la Corte Constitucional, que validó la deducción de los pagos de regalías, para descontarlos, en la liquidación del impuesto de renta. Con relación a las demás reformas, no ha sido posibles, por desacuerdos en intereses, particulares e imposiciones de criterios radicales. Cuando lo que se necesita, es concertación y entendimiento, para superar graves crisis crónicas, que nos afectan y van para el traste, por motivos de fanatismo, falta de mermeladas u odios; que frustran cualquier iniciativa, en el Congreso de la República.

La reforma a la salud, está en cuidado intensivo, con amenaza de hundimiento, por la mayoría de los senadores de la Comisión Séptima del Senado, que avala el ritmo operativo esencial de la EPS, donde solo tres de más de 30 que vienen operando, en el territorio nacional, de las referidas aseguradoras de salud, disponen de fortaleza financieras, para garantizar, la atención y prestación de servicios, a largo termino. Las demás, están intervenidas, unas y otras están en quiebra, para la liquidación total, de la empresa de salud. Cinco de los 14 senadores de la Comisión Séptimas, estaría impedidos, por recibir el partido que avala recursos económicos, como aporte electoral.

Los defensores de EPS, no aceptan que les quiten las administraciones relacionadas con transferencias de recursos económicos, girados del presupuesto nacional. Estos recursos son retenidos por entidades financieras, a cambio de retribuciones a EPS, están a la vez, incumplen a las IPS, para que consecutivamente, continúen la cadena de incumplimiendo, con obligaciones laborales y proveedurías, de bienes y servicios; inherente a salud.

 Algunas EPS, tomaron los recursos de salud, para destinarlo a construir clínicas y compras de equipos, de variados servicios, monopolizando la rentabilidad, originada de servicios de salud, operados por empresa privada, con los recursos económicos, preferencialmente destinados, para los pagos de las obligaciones causadas, en operaciones y atenciones hospitalarias y clínicas.

En lo relacionado con la reforma a las pensiones, debe definirse, el reconocimiento de pensiones, por disposición legal, en los términos de cotizaciones y edad, para quienes devengan uno, dos o tres salarios mínimos; quienes no alcanzan, ni con 40 años de trabajo acumular el monto mínimo requerido, en los fondos privados ($300.000000) para que les reconozcan un salario mínimo de pensiones de vejez. Así radica las diferencias de dos formas de pensiones.

Unas se reconocen por ahorros y otras por termino de servicios y edad. La edad no es limitante para reconocer una pensión por ahorro. Una persona puede pensionarse en fondo privado, con 40 años, siempre y cuando, deposite la cantidad de dinero exigible, por los fondos. En Colpensiones se reconoce por semanas cotizada y edades determinadas por la ley, para hombres y mujeres.

El proyecto de reformas radicado inicialmente, por el gobierno del presidente Gustavo Petro, no es la de acabar con los fondos privados, sino de facilitar los derechos legales de pensiones, que están en peligro, de reconocer jubilación por vejez, en los fondos privados, aquellos afiliados, que devenguen menos de tres salarios mínimos.

 La protección legal, es un deber que le asiste al mandatario, para prevenir que mucha persona, con más del tiempo dispuesto por la ley, le nieguen el reconocimiento de pensión de vejez por ahorro, compensándole, con pago de indemnización sustitutiva de pensión, como ha venido ocurriendo, con muchas víctimas.

Si no aprueban las reformas de pensiones, el gobierno debe destrabar las limitaciones, impuestas por los fondos privados, para que no se cambien a Colpensiones, los mayores de 47 años, cortando y violando el derecho de libertad, de que deben gozar las personas afiliadas, para mantenerse o cambiarse, entre los operadores de pensiones, publico y privad.

El proyecto de reforma de gobierno, establece que los que ganen menos de tres salarios mínimo, se afilien a Colpensiones, para que no pierdan el derecho de pensión y los que devenguen mas de tres salarios mínimo, se afilien a los fondos   privados, sin embargo, la reforma está empantanada, por que los fondos no están de acuerdo con perder los afiliados que ganen mas de un salario y medio mínimo. El gobierno en concertación para aprobación de la reforma, redujo de 5 salarios, a tres, pero la rebaja no es del gusto a los fondos privados y los congresistas, lo apoyan contra el gobierno.

Las reformas política, laboral, electoral, justicia y otras; quedaran en veremos, por cerrarle la oposición la viabilidad de aprobación por caprichos politiqueros o falta de mermelada, que escurren algunos congresistas opositores, para enfrentar debates y rompen el cuórum, retirándose del recinto, en prácticas de saboteos y corrupción.

El presidente Gustavo Petro, en vista de que el Congreso, les niega aprobar las reformas que pone en consideración, tomará la vía de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Las reacciones en el Congreso y ambiente popular, está exaltado, por quienes rechazan y apoyan, la propuesta del presidente Gustavo Petro.

 Le recomendaría al señor presidente, que primero convoque una Consulta Popular, para que sea el pueblo, que se exprese apoyándola o rechazándola, votándola Si o No, para que el presidente y Congreso, respeten el resultado y no rebasen atribuciones, prevaleciendo la soberanía popular, que está por encima, de la dirigencia de partidos políticos, en el régimen democrático